Rectoría
La Negociación de Pliegos en las Universidades
Acaba de finalizar el proceso de negociación de un pliego de solicitudes del Sindicato de trabajadores de la Universidad Tecnológica de Pereira, SINTRAUNICOL, capitulo Pereira.
Después de muchos años se reinicia la negociación colectiva, al amparo del decreto 1092 de 2012, que le otorga a los empleados públicos del Estado, la capacidad de presentar y negociar pliegos de solicitudes, aunque sujetos a variadas restricciones. De manera taxativa, el decreto excluye de la negociación los asuntos relacionados a las estructuras organizativas, a las plantas de personal, a las competencias de dirección, administración y fiscalización del Estado y al régimen disciplinario. Y en los aspectos que tengan naturaleza económica, se deberá contar con la respectiva disponibilidad presupuestal.
Aunque el pliego presentado estaba lleno de asuntos que violaban las limitaciones de la norma, fue posible concluir en un acta final de acuerdos y desacuerdos como lo manda el decreto, en un clima de armonía y respeto.
La reunión de cierre y firma del documento me sirvió para volver sobre un punto de vista que he venido sosteniendo; los sindicatos deben modificar la forma de adelantar los procesos de negociación con los empleadores. Mantenerse en la lógica de solo pedir y no ofrecer, es un absoluto contrasentido con la realidad actual, donde las empresas deben ser competitivas para sobrevivir y ello implica una actitud deliberada y sistemática hacia la innovación en todo sentido. Innovar es salirse del libreto.
No moverse de lo obtenido previamente y solo aceptar avances incrementales o nuevos beneficios, sin ofrecer nada a cambio, cae en el anticuado esquema de presionar al capitalista para que ceda parte de las ganancias a los explotados, quienes las procuran con su trabajo y esfuerzo. La cosa hoy en día es más compleja: no se trata de ignorar la tensión entre los empresarios y los trabajadores en relación con las utilidades, lo que se insinúa es que se exploren nuevos caminos para tramitarla de manera creativa.
Hay que innovar en las negociaciones, hay que hacer causa común con los empresarios para defenderse mutuamente y si hay que reversar se reversa, para buscar otros escenarios de compensación.
Más valido es esto, cuando se trata de las organizaciones del Estado, donde los titulares de las utilidades, si así pudiera llamarse a los servicios que presta el Estado, son todos los ciudadanos de un país.
Tuve ocasión de manifestar públicamente, la invitación a pensar en construir para el futuro; al fin y al cabo somos accidentales y cuando actuamos debemos tomar en cuenta si lo que hacemos le aporta a la sociedad y sobre todo a las generaciones que vienen. No tenemos el derecho a gastarnos el futuro.
En el caso de las universidades, no tiene cabida la consigna de hacer menos para que nos remuneren más. Y por el lado del trabajo intelectual de los académicos sí que menos; el pensamiento, la creatividad, no pueden compartimentarse, y el que lo pretenda fracasa.
Pensé en voz alta; que bueno imaginar un escenario donde los académicos le propongan a la Universidad lo que no es su obligación actual: formarse en segunda lengua, formarse en nuevas tecnologías e introducirlas al aula, hacer más productivo su trabajo desde los resultados, etc. Ahí sí los argumentos fluirían con toda naturalidad para demandar mayor compensación y la sociedad no podría poner reparos a unas nuevas relaciones que le apuntan al progreso mutuo, en un marco gana- gana.
Algunos ya lo hacen de manera voluntaria y sin recibir retribución, a lo que me refiero es a un compromiso colectivo, o en subsidio a pactar esquemas de remuneración contra metas dejando a un lado los igualitarismos que tan poco estimulan la condición humana.
Luis Enrique Arango Jiménez
Rector Universidad Tecnológica de Pereira
Presidente Sistema Universitario Estatal
Política Pública sobre Financiación de la ES
El conocimiento es el factor más importante de progreso para las personas y para los países, esto no tiene discusión. Sin educación no hay desarrollo y sin él no hay progreso social. El Estado que no actúe coherentemente con esta realidad está condenado al atraso.
Para abordar las tareas del crecimiento y la competitividad, superar la pobreza, aumentar los niveles de cohesión social y la participación social, las sociedades necesitan incrementar sostenidamente su capital humano. En este propósito las Instituciones de ES son fundamentales.
A la Universidad contemporánea se le pide que sea no solamente formadora de recurso humano sino transformadora de sociedad. Debe interactuar con los agentes del desarrollo, debe transferir conocimiento y estar articulada con la sociedad-
La Educación Superior paso de ser una oportunidad para las elites sociales a convertirse, cada vez más, en una aspiración de toda la sociedad, que se proyecta hacia la Universalización y al concepto de derecho real. Nadie hoy discute este predicado, ni la necesidad de hacer realidad este propósito. Se discute el cómo, que es muy diferente. Cuando se aprobó la ley 30 en Diciembre de 1992, la cobertura era apenas de alrededor de un 10%, hoy estamos, llegando a un 45 % y tenemos una meta próxima del 50%.
Está claro que la realidad socioeconómica del país obliga a que el estado subsidie, si se quiere crecer la cobertura con equidad y con calidad; un país con un 34.1 % de la población por debajo de la línea de pobreza, de acuerdo a la última medición, lo requiere. Los per cápita esconden inequidades, la distribución de la riqueza en Colombia tiene grandes desigualdades.
La dispersión Geográfica de la población ubica importantes segmentos de la población lejos de las ofertas de Educación Superior. Las brechas sociales entre regiones son abismales. Los efectos del conflicto armado y de violencia en términos del desplazamiento de población nos obligan a enfocar la equidad social de manera particular. No estamos en Dinamarca.
La equidad ya no puede predicarse en abstracto. Lo regional, lo étnico, lo político, lo biológico, han ingresado a hacer parte del elenco.
Tampoco se puede crecer de cualquier manera, hay que hacerlo con calidad por un lado y con pertinencia, o relevancia como también se le llama, por el otro.
La financiación puede moldear las ofertas y hacerlas más pertinentes para las necesidades del país. Ni el mercado, ni la cultura prevaleciente son capaces de definir por sí mismas el capital humano que se requiere.
Los costos de la Educación Superior son definitivamente crecientes: la calidad, la Investigación, la formación posgraduada a nivel de Maestrías y Doctorados, la Internacionalización, el bilingüismo, la movilidad, la actualización tecnológica, las TICS, ETC, son elementos ineludibles en el accionar universitario y determinantes de una buena formación. Estos nuevos atributos que no contaban, al menos de manera tan contundente antes de la ley 30, hoy son insustituibles.
La retención de estudiantes se volvió fundamental, antes ni se medía, se consideraba parte del proceso, que sobrevivieran los mejores era comúnmente aceptado. Hoy no solo se mide, es un factor crítico de buen desempeño. Los planes de mejoramiento asociados cuestan dinero. Las minorías sociales y la población en discapacidad, no era preocupación de Estado, hoy cada vez más la Educación debe ser incluyente.
Estas nuevas responsabilidades y atributos cuestan y hay que financiarlas.
En Colombia la oferta está por igual repartida entre las IES públicas y las Privadas sin ánimo de lucro. Hay que fortalecerlas ambas. El ánimo de lucro quedo descartado en Colombia por decisión presidencial en el 2011, ello redobla la necesidad de que el Estado participe.
Hay grandes asimetrías entre las Universidades y las Instituciones Técnicas y Tecnológicas en lo que reciben de recursos del Estado. También la hay entre las mismas Universidades. Esto hay que afrontarlo y solucionarlo a mediano y largo plazo. Sobre todo porque la formación Técnica y Tecnológica es condicionante del desarrollo.
Pensamos que todos deben concurrir: estado central, el estado territorial, las familias los estudiantes, el sector privado. En vez de gratuidad que puede beneficiar al que no lo requiere más, bien que nadie se quede por fuera si no tiene con qué pagar y sostenerse.
Hay que financiar la oferta y también la demanda. Las transferencias directas del Estado, el crédito educativo, los subsidios directos, los recursos de fomento, las bolsas concursables, las donaciones, las exenciones, entre otros, deben ser instrumentos a considerar.
Hay que planear el crecimiento, en Educación los resultados, son de largo plazo. Hay que establecer un nuevo modelo de financiamiento que tome en cuenta los costos crecientes y las metas del plan de desarrollo.
El financiamiento es un tema fundamental para cualquier política pública, sin recursos es muy poco lo que puede hacerse y especialmente en materia de Educación Superior.
Dejo estas líneas, que hicieron parte de mi intervención sobre el tema de política pública de financiamiento, durante la instalación de las mesas de trabajo ASCUN- MEN ampliadas, que deliberan para aportarle al CESU lineamentos de política sobre educación Superior.
Luis Enrique Arango Jiménez
Rector Universidad Tecnológica de Pereira
Presidente Sistema Universitario Estatal
Más sobre las Licitaciones y Maringá
Con gran complacencia y optimismo, debo registrar que la prédica sobre buscar mecanismos de control social efectivos al gasto público, que vayan más allá de los discursos, no quedó en el vacío; en efecto, el Ingeniero Javier Castaño Mejía, en su calidad de presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas de Pereira, ha cogido la posta, acaba de informar, en su columna de prensa, que en asocio de algunos particulares y la propia sociedad de mejoras, traerán en el mes de Julio al Señor Fernando Otero, directivo del observatorio Social de Maringá a contar la experiencia en Pereira.
Por otro lado recibí el respaldo de uno de los editoriales del Periódico la Tarde, al hacer mención expresa sobre mi columna al respecto, e igualmente respuestas de rectores de Universidades, dispuestos a participar en la iniciativa. De la misma manera en conversación directa con el Alcalde de Pereira y con el Director de Risaralda Ética encontré la misma actitud. Podría decirse, que se empiezan a fraguar condiciones para que la llamada sociedad civil ejerza un control sistemático de los gastos públicos.
Recomiendo mirar video con intervención del Sr Otero:
http://www.youtube.com/watch?v=igWcgFwFMxo
La Educación fiscal fue muy importante en el proyecto de Maringá; el hacerle entender a los ciudadanos que el pago de los impuestos es fundamental para el funcionamiento del Estado y que así mismo todos los ciudadanos los pagan, sin excepción; no solamente a través de las declaraciones anuales de impuestos, para quienes están obligados, sino prácticamente en toda transacción. Una especie de alfabetización en el tema fiscal.
El Estado es débil para hacer la fiscalización y normalmente solo actúa a posteriori, después de la ejecución.
Dejemos aquí el punto y quedamos a la espera de conocer la experiencia en el mes de julio, si se concreta felizmente la visita del Observatorio Social de Maringá a Pereira.
Rememorando experiencias con los procesos Licitatorios, viene a la memoria, un caso interesante que muestra cómo actúan los licitantes:
A raíz del terremoto en el eje cafetero en el año 1999, las Universidades Tecnológica de Pereira y del Quindío, sufrieron daños de consideración en sus infraestructuras físicas, luego de una visita de la realeza española, se ofreció una línea especial de un crédito subsidiado por el Estado Español, la línea FAD, para apoyar la reconstrucción de las Universidades. Después de ires y venires se concretó un crédito por 8 millones de dólares, asumidos por la Nación, para dotar los laboratorios de las dos Universidades; 4 millones de dólares por cada universidad.
Estos créditos los otorga el estado español con doble propósito, además de ayudar al desarrollo en los países, también apoyan a las empresas españolas, y por consiguiente los licitantes deben ser empresas españolas.
La Universidad de Quindío consintió en que la Licitación respectiva estuviera en cabeza de la Universidad Tecnológica y se integraron unos comités mixtos para la evaluación.
Hubo una Empresa comercial Española l, de naturaleza Estatal, llamada expansión Exterior, que estuvo acompañándonos y asesorándonos en todas las gestiones del crédito con el obvio interés de participar en la Licitación y con el conocimiento de la Embajada de España.
Ya cuando todo estaba casi listo para iniciar el proceso licitatorio, se presentó una segunda empresa Española, esa si privada, manifestando su interés en participar a quien obviamente recibimos e informamos debidamente. Recuerdo que en la misma rectoría me dijeron, nosotros nos ganamos esa licitación, tenemos mucha experiencia; me pareció un gesto de arrogancia en ese momento.
Cerrada la Licitación, se presentaron finalmente los dos proponentes; la empresa estatal y la privada. Después de la calificación, los equipos técnicos recomendaron dividir la adjudicación en las dos empresas de manera diversa según los equipos ofrecidos.
En el entretanto, la firma privada pidió revisar la documentación aportada por la firma Estatal en la licitación y a través de un delegado se encerró en la secretaria General a escudriñarla. El resultado fue que encontró un cierto papel inhabilitante. Inmediatamente pidió la nulidad de la propuesta. No hubo nada que hacer; después de reunirnos con el agregado comercial de la embajada de España, examinando la situación, hubo que adjudicarle a la firma privada.
Hasta aquí la historia de la licitación más grande que he adjudicado como rector de la UTP; como ven de ella, quedan muchas dudas.
Luis Enrique Arango Jiménez
Rector Universidad Tecnológica de Pereira
Presidente Sistema Universitario Estatal
Segundo Encuentro Colombiano de Gestión Universita
SEGUNDO ENCUENTRO COLOMBIANO DE GESTION UNIVERSITARIA
Universidad de Caldas
Manizales, 30 y 31 de mayo de 2013
Buenos días:
Como continuación al I encuentro sobre Gestión Universitaria, que tuvo lugar en Santa Marta en marzo del año anterior, bajo la coordinación del Sistema Universitario Estatal, SUE, se convino hacer este II encuentro que hoy se efectúa aquí en Manizales, al amparo de la Universidad de Caldas en su septuagésimo Aniversario.
En Santa Marta deliberamos en el espacio de las Universidades Estatales y pudimos revisar buenas prácticas que las Universidades realizan en los temas de gestión. Durante el evento se conocieron experiencias significativas en muchos ámbitos del quehacer administrativo de las Universidades, que sirvieron de ejemplo y estímulo para ser replicadas.
Como complemento y antes de finalizar el año 2012, realizamos en Pereira una reunión específica sobre el tema de Seguridad y Convivencia en los Campus Universitarios, un asunto de la mayor importancia por las problemáticas asociadas que se han reportado en los últimos años. Tuvimos ocasión de reconocer excelentes modelos de manejo y tratamiento, que servirán de referente para las intervenciones que habrán de hacerse para dotar los campos de políticas, normas y sistemas de trabajo que garanticen la convivencia pacífica, salvaguardando por encima de todo los intereses de la sociedad.
Para este II encuentro, hemos querido ampliar el escenario del encuentro a las Universidades privadas con la colaboración de ASCUN, en un intento por hacer más envolvente el ejercicio, conociendo de cerca lo que se hace en lo privado, de donde indudablemente hay mucho que aprender.
Tanto el primer encuentro como este, fueron organizados por una comisión de Vicerrectores Administrativos que dicho sea de paso se ha convertido en columna vertebral en el proceso de darle consistencia y continuidad al Sistema Universitario Estatal en sus esfuerzos para actuar como tal.
En particular es de apreciar el trabajo de los Vicerrectores en la elaboración del llamado estudio de des financiamiento de las Universidades Públicas, un enjundioso trabajo, que describe con lujo de detalles, las variables de costos para el funcionamiento de las Universidades Estatales en términos de calidad y equidad.
Ese estudio fue punto de partida para un ejercicio de análisis y concertación que se adelanta con el Ministerio de Educación Nacional, al lado de voceros del Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional en la ruta de ir avizorando un nuevo modelo de financiamiento.
Un trabajo que se adelanta con el mayor rigor técnico y que esperamos que prontamente produzca resultados. Somos conscientes que debemos hacer ajustes; no todo lo estamos haciendo bien, pero también el Estado debe reconsiderar la forma como concibe el financiamiento de la Universidad Pública.
La responsabilidad del Estado Central en la Financiación de la Educación Superior esta fuera de discusión, naturalmente que no de manera exclusiva; deben concurrir los entes territoriales, el sector privado, y las propias familias de acuerdo a sus capacidades. Nada más lejos de la realidad que los absolutismos.
Más lejos aún estamos de aceptar que la autonomía Universitaria en el caso de las Universidades Estatales le resta responsabilidad financiara al Estado Central, Interpretando de manera equivocada, que son las propias Universidades las que tienen que procurar en solitario los recursos faltantes para su buen funcionamiento y desarrollo, como a veces algunos funcionarios creen. Una especie de silogismo, irónico: Son autónomos en lo financiero, entonces sean autónomos para buscar los recursos!
Volviendo al asunto que nos convoca; es grato evidenciar que en estos dos días, más de una treintena de ponencias al lado de conferencias Magistrales, desfilarán agrupadas en las temáticas del Gobierno Universitario, la Innovación en la Gestión, los Sistemas de Información y los Sistemas Integrados de Calidad. Todos temas que hablan por sí mismos de su importancia.
Este segundo encuentro se da en medio de un gran debate Nacional promovido por el Ministerio de Educación Nacional orientado a construir una Política Pública de Educación Superior, debate que pasa en esta fase por los diálogos regionales organizados por el Consejo Nacional de Educación Superior CESU y por el trabajo de las Mesas Temáticas Ascun - Men, ahora ampliadas con otras organizaciones.
Muy oportuno entonces examinar en conjunto la gestión Universitaria desde las tendencias y las mejores prácticas que se llevan a cabo en las Universidades Colombianas como elemento orientador y aportante en lo que debe ser la Universidad deseada.
El aspecto de la gestión, en las últimas dos décadas, se ha convertido en un asunto de primera importancia; la incorporación de técnicas gerenciales es fundamental para garantizar los buenos resultados a todo nivel.
Nuevas responsabilidades que antes no existían empiezan a ser asumidas por las Universidades de manera gradual y ascendente: las TICS, la Internacionalización, la mayor investigación y la Innovación, las acreditaciones de calidad, la responsabilidad social, para mencionar algunas de las centrales.
El mundo académico, a pesar de la gran reluctancia a los cambios que lo caracteriza, ha empezado a entender que la gestión requiere de conocimiento, y que hay que formarse para el oficio.
Muchas prácticas del sector privado corporativo que antes se percibían muy lejanas, hoy hacen ingreso formal a las buenas prácticas de la gestión Universitaria.
Elementos como: planeación estratégica, certificación de procesos en términos de calidad, orientación a los resultados más que a las actividades, códigos de buen Gobierno Corporativo, construcción de marca, entre otros, son ya asuntos de la cotidianidad.
Buscar la eficiencia y el impacto, dejaron de ser un anatema ideológico, para ser aceptados como algo natural en el accionar Universitario.
La eficiencia no tiene por qué conspirar contra lo social, todo depende de las políticas que se pongan al mando.
Por un lado deben ir los discursos políticos, tan caros y necesarios al ethos Universitario, pero por el otro, la gestión debe obedecer a logros medibles que causen impacto positivo en la sociedad.
Lo llamado misional, para cumplir sus propósitos, debe estar acompañado de una muy buena gestión en todos los sentidos. Lo uno está indisolublemente unido a lo otro.
Como presidente del Sistema Universitario Estatal, agradezco el esfuerzo desplegado por la Universidad de Caldas en la organización de este segundo encuentro, que ocurre en un momento de grata celebración para ella, 70 años de historia gloriosa, sirviéndole a la región y al país, con idoneidad y entrega.
No podría terminar estas palabras sin felicitar a su rector, el Dr Ricardo Gómez Giraldo, a sus directivos y a la comunidad Universitaria en general, por la reciente Reacreditacion Institucional que da fe de lo que es hoy en día la Universidad de Caldas.
Espero que las deliberaciones y los contenidos de la agenda a desarrollar colmen sus expectativas.
Muchas gracias
Luis Enrique Arango Jiménez
Presidente SUE
Las Pensiones y la Edad de Retiro del Estado
Últimamente ha habido mucho ruido e información con respecto a estos dos temas, indudablemente importantes para el buen funcionamiento de cualquier Estado.
Empezaré por referirme al hecho más reciente; la limitación impuesta por un fallo de la Corte Constitucional para que algunos altos funcionarios del Estado, léase Congresistas y Magistrados, tuvieran pensiones por encima de 25 salarios mínimos legales mensuales, como el resto de los mortales al servicio del Estado. Esta determinación de la Corte, significa evidentemente algo importante para compensar la mala opinión, que últimamente la sociedad, a juzgar por las encuestas de percepción, tiene de la justicia. No es de poca monta, que los mismos Magistrados, decidan sentar doctrina sobre algo que afecta a sus colegas ya pensionados y a ellos mismos. La sentencia no sólo tiene efectos a futuro, si no que obliga a reliquidar todas las pensiones que no hubieran sido liquidadas bajo este límite, lo que significa que a futuro no habrán funcionarios del Estado con pensiones por encima del techo de los 25 Salarios Mínimos.
No se dijo nada con respecto a lo recibido en exceso, se aplicó el principio de la buena fe, lo que tiene sentido.
Siendo objetivo, lo que hizo la corte fue volver por los fueros de la Constitución, impidiendo interpretaciones acomodadas e incluso fraudulentas.
Hay otro asunto emparentado con el anterior, que también tuvo a las altas cortes enfrentadas, y quizás todavía las tenga, me refiero a la edad de retiro forzoso del servicio. Aunque sea difícil de creer, la norma que rige de manera general fue expedida en el año 1968, fijando este límite en 65 años , cuando la edad para la jubilación, sin tomar en cuenta regímenes especiales, estaba en 50 años de edad y 20 años de servicio.
Hoy, aunque la edad para jubilación de los empleados públicos esta en 57 años para mujeres y 62 para hombres, la edad de retiro se mantiene inalterable.
El decreto ley 2400 de 1968, sin embargo determino algunas excepciones para la edad de retiro, en particular para Ministros, Viceministros, Secretarios Generales de Ministerios, Gerentes de empresas Industriales y comerciales del Estado, Directores de Establecimientos Públicos, entre otros.
En esa época , las Universidades del Estado eran establecimientos públicos del orden Nacional, y por lo tanto los rectores estaban cobijados por la excepción, no así los Magistrados de las cortes.
Con la Constitución del 91, se generan novedades, que inciden en lo anterior; por un lado se introdujo la autonomía Universitaria, que saca las Universidades de la rama ejecutiva, ingresándolas a un fuero especial y por el otro, se crean dos nuevas cortes. : El Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Constitucional.
En el primer caso, los rectores de las Universidades estatales quedan en una especie de limbo, pues pierden taxativamente la excepción, al no ser más jefes de establecimiento público. Este vacío está siendo llenado por cada Universidad en el marco de la autonomía. Así lo hizo la Universidad Tecnológica de Pereira.
En el segundo, se introdujo una discriminación, la constitución señalo que la edad de retiro para las nuevas cortes sería determinada por la ley. Como esta ley nunca ha sido aprobada, a pesar de algunos intentos fracasados, hay una división en las cortes :
Algunos Magistrados piensan que la edad de retiro de 65 años sólo rige para las cortes anteriores a la Constitución del 91, vale decir, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado; otros en cambio piensan que rige para todos.
A esta liberalidad de interpretación se debe el incidente con el Ex magistrado del Consejo Estado, William Giraldo Giraldo, quien pese a aceptar el retiro ordenado, anunció demandas ante cortes Internacionales.
Soy de la opinión que el gran capital intelectual acumulado por estos altos Magistrados no debiera desaprovecharse en la rama Judicial, apelando a normas generalistas. Considero que hay argumentos de sobra para incluirlos en los regímenes de excepción.
Luis Enrique Arango Jiménez
Rector Universidad Tecnológica de Pereira
Presidente Sistema Universitario Estatal SUE
