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Pobreza y desempleo infantil Oscar Arango Gaviria 1. Apuntes previos Sorprende que en la literatura especializada sobre los problemas laborales no se llame la atención acerca del desempleo infantil. Cabe decir, sobre aquella situación en la cual niños entre 10 y 14 años declaran ante las autoridades estadísticas de su respectivo país estar buscando empleo. El hecho es llamativo porque en sí mismo registra una forma de opresión social y porque deja al desnudo la situación de una sociedad que además de no ofrecer efectivas alternativas educativas y culturales a las nuevas generaciones, acepta como normal la perpetuación de la exclusión social. El empleo - desempleo infantil es un fenómeno social creciente en América Latina en general, y en Colombia, en particular. El tipo de trabajo desarrollado o las ocupaciones buscadas por los niños asumen una visibilidad diferencial, en tanto se ubican preferencialmente en ámbitos económico/territoriales como la calle, los propios hogares o talleres informales. En nuestro país, desde el comienzo de la presente década y frente a los procesos de reestructuración productiva, se genera una depresión de la oferta de trabajo y por consiguiente el creciente y sostenido aumento del desempleo. Además, en tanto el ingreso de las familias de sectores de pobreza extrema no alcanza los niveles de subsistencia mínima, éstas formalizan estrategias que implican la incorporación de la mayor parte de sus miembros al mercado laboral. Pero el trabajo y el desempleo infantil es un arma que destruye dos veces: al niño como tal y al hombre que no puede llegar a ser; el trabajo infantil crea un subpaís dentro del país y reduce las posibilidades democráticas de generaciones enteras. Los niños se emplean esencialmente porque su familia es pobre. Cuando está en juego la propia supervivencia, todo el mundo debe apoyar, ayudando a su familia en el campo o vendiendo algún producto en las calles. Aunque no se les paga bien por ejemplo, en el «promedio de los países productores de café los niños que laboran en la recolección del grano ganaban en 1992 no más de tres dólares por diez horas al día, seis días a la semana aportan una gran proporción de ingresos familiares»(1). La segunda razón del trabajo infantil es que la alternativa más clara al mismo, o sea, la escuela, no existe, o es exigua, o demasiado cara. Cabe suponer que la mayoría de los niños que no van a la escuela están trabajando de un modo u otro. En el mundo entero se cuentan decenas de miles de niños en trabajo forzoso, en prostitución y en otras tantas actividades riesgosas, denigrantes y que terminan por suprimir, en corto tiempo, cualquier opción de formación ciudadana. Y lo que es peor aún, decenas de miles deambulan buscando ‘ocupación’ que no queda registrada en las cifras oficiales porque no es formal o es abiertamente ilegal. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Latinoamérica existen 25 millones de niños menores de trece años explotados laboralmente. En el mundo se calcula que son 200 millones, más de cinco veces la población de Colombia. La cifra puede ser mayor, pues el trabajo infantil no siempre es reconocido como tal y ello se puede constatar en varios escenarios de América Latina: en el campo, en la producción agraria o en la explotación minera, o en la ciudad, en múltiples actividades. El concepto de trabajo infantil incluye tanto a los niños como a los jóvenes. Es por esto que se dificulta la comparación entre países, porque cada uno posee una legislación diferente en la cual tipifica las leyes bajo las cuales se rige el menor trabajador, o sea, cada país es autónomo en la definición del mínimo de horas trabajadas y los días laborados. En el caso colombiano, en la Encuesta Nacional de Hogares (ENH) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), se define a los trabajadores como aquellos que durante un período de referencia (la semana anterior a la encuesta) ejercieron una ocupación remunerada en la producción de bienes y servicios, por lo menos una hora a la semana y «aquellas personas que en su condición de ayudantes familiares trabajaron sin remuneración en la empresa del respectivo jefe de familia o pariente, por lo menos durante 15 horas a la semana». La definición que en Colombia se utiliza sobre trabajo infanto - juvenil incluye a los menores entre los 12 y los 17 años en la zona urbana y entre los 10 y los 17 años en la zona rural. Según el Código del Menor (artículos 237 y 238), existe la prohibición absoluta del trabajo de los menores de 12 años, y para los jóvenes entre los 12 y los 18 años estipula la obligatoriedad de tener autorización escrita del Inspector del Trabajo o, en su defecto, de la primera autoridad local o solicitud de los padres y a falta de éstos del Defensor de Familia. Además, este Código prohibe el trabajo de los menores de 14 años, salvo en algunas excepciones, y establece condiciones específicas para todo menor de 18 años en cuanto a la jornada máxima de trabajo y a los salarios a que tiene derecho, así como los trabajos prohibidos para los menores y el acceso a la seguridad social. En la vida real, el trabajo de miles de niños por debajo de estos umbrales queda por fuera de las estadísticas gubernamentales. Cabe entonces destacar que en una época en que deberían tener pleno acceso a una educación garantizada por el Estado, nuestros niños están en las calles intentando sobrevivir. Así, bajo la situación de creciente trabajo infantil ningún país ha salido, ni saldrá del atraso y la miseria.
Por lo tanto, decir que de nuestra escuela depende en gran medida el presente y futuro de nuestra frágil democracia, es sólo reiterar una obviedad.
2. La pobreza en el contexto latinoamericano Aunque se trata de una compleja relación, coincidimos con quienes sostienen que la pobreza es la razón fundamental por la cual los menores se ven obligados a laborar. En todo caso, se trata de un problema fuertemente relacionado con la política económico-social aplicada en cada país. Ciertos enfoques sobre la pobreza ofrecen dos tipos de definición: el primero hace énfasis en las necesidades insatisfechas y el segundo en la incapacidad de satisfacer tales necesidades. «La metodología del Indice de Condiciones de Vida tiende a resolver muchas de las insuficiencias de las mediciones tradicionales de la pobreza»(3). Aunque los estudios sobre pobreza en «América Latina muestran ciertas variaciones positivas a comienzos de la década, en 1997 la pobreza ascendió a 210 millones de personas, la cifra más alta en la historia de la región. Pese a que el porcentaje de pobres entre la población latinoamericana cayó en dos puntos porcentuales (de 41 a 39), el número absoluto aumentó debido a que las reformas económicas promovidas por todos los estados de la región aún no han extendido sus beneficios a las poblaciones más pobres»(4). La CEPAL también informa que tan sólo dos países, Argentina y Uruguay, tienen menos de 15% de sus hogares por debajo de la línea de pobreza, en tanto que en otros tres, Chile, Costa Rica y Panamá, esa franja se ubica entre 15 y 30 por ciento. Brasil, Colombia, México, Perú y Venezuela presentan un grado alto de pobreza al concentrar en esa franja a entre 31 y 50% de sus habi tantes, mientras Bolivia y Honduras tienen tasas superiores a 50 por ciento. Así, la pequeña reducción del porcentaje de pobres, aún es insuficiente para contrarrestar el incremento que se produjo en la década pasada, cuando el porcentaje de hogares pobres en la región creció de 35 a 41 por ciento. Entre 1992 y 1997 se habían registrado avances importantes, en especial por los alcances logrados por algunos países en la estabilización de la economía si se tiene en cuenta que, entre 1990 y 1994, en 9 de 12 países de la región se redujo la pobreza, y en sólo uno aumentó. La desaceleración económica generalizada en la región a partir de 1997 de hecho puede estar revirtiendo este proceso. En cuanto a los indicadores de indigencia, es decir de pobreza absoluta, el porcentaje de familias latinoamericanas en esa situación tan sólo se redujo de 18 a 17% en los últimos cinco años, porcentaje que aún es superior, en dos puntos porcentuales, al de 1980. El crecimiento económico y la reducción de la inflación son los primeros factores determinantes en la disminución de los índices de pobreza, además del aumento del gasto social y su eficiente asignación. América Latina requeriría de una tasa de crecimiento del producto per cápita de al menos cinco por ciento para superar los agudos problemas de pobreza que vive. Porque además de inequidad, tenemos un crecimiento insuficiente para escapar de la pobreza. Parte importante del reto de la región será encontrar una estrategia capaz de generar suficiente empleo para nuevos y mejor entrenados trabajadores y las divisas necesarias para producir una tasa de crecimiento adecuada. No de otra manera podría lucharse, con posibilidades de éxito, contra el trabajo infantil. 3. Contexto colombiano y del Eje Cafetero Detengámonos ahora en la situación de la pobreza y el trabajo infantil, primero dando una mirada general al caso nacional y luego profundizando en el Eje Cafetero. Según el censo de población de 1993, la población colombiana estaba distribuida por mitades atendiendo al sexo.
En 1993 las tasas de fecundidad para Caldas, Quindío y Risaralda fueron en su orden 2.7, 2.5 y 2.6. En las zonas rurales estas cifras se incrementan en un punto y si bien allí se tienen casi cuatro hijos por mujer, los especialistas clasifican esta región como de transición avanzada. En todo caso, uno de cada cuatro hogares todavía está conformado por seis personas o más A comienzos de los años 70, el 60% de los colombianos se encontraban en condiciones de pobreza medida por insuficiencia de ingresos. En el área rural el grado de incidencia era de 86% y en el sector urbano 42%. Estos indicadores han tenido una evolución bastante dinámica y en 1996 el grado de pobreza había caído al 47% según las estimaciones de la CEPAL. No obstante, el porcentaje de hogares urbanos por debajo de la línea de indigencia es mayor en Colombia que en Bolivia (16% y 14% respectivamente). Entre 14 países estudiados por dicha Comisión, Colombia sólo es superada en este terreno por Guatemala, Honduras y Perú. Además, el ritmo de evolución positiva es bastante lento: entre 1978 y 1995 el país sólo logró pasar de 59% a 54% el número de personas ubicadas por debajo de la línea de pobreza.
Los logros obtenidos en la lucha contra la pobreza son pues importantes pero insuficientes. Al decir de algún observador, continuamos ‘usando la camilla para recoger las víctimas del mercado’. Hemos progresado notablemente en las metas blandas, no así en las metas duras. La pobreza sigue marcando una profunda huella social, genera estigmatización, produce pérdida de dignidad y de autoestima. Aún tenemos una reproducción económica hacia el fortalecimiento sin par del capital financiero y disponemos de una estructura inequitativa de la producción que ocasiona visibles impactos negativos en la búsqueda de la equidad. Juntos, Caldas, Quindío y Risaralda representaban en 1993 el 8% de la población total nacional y el 5% de quienes tenían necesidades insatisfechas. Según las estimaciones del Corpes de Occidente el PIB regional en 1994 fue menor que en 1990. Por supuesto, la crisis de la economía cafetera agudiza el panorama social de la zona rural(7). A partir de 1998 se dispone de la información de la Misión Social de Planeación Nacional acerca del Indice de Condiciones de Vida (ICV) como un componente sustantivo del Sistema de Indicadores Socio Demográficos. La combinación de las 12 variables y 4 dimensiones utilizadas es la más reciente aplicación metodológica para la medición gubernamental de la pobreza y ella confirma que el Eje Cafetero ha transitado desde aquellas épocas en que se estaba muy por encima de los promedios nacionales a un momento en el que cada vez reflejamos más la situación global del país. Así por ejemplo, el ICV general que es de 71 puntos para Colombia, también lo es para Caldas, mientras Quindío tiene 76 puntos y Risaralda 74 puntos. En algunas variables como las relacionadas con el acceso y la calidad de los servicios públicos estos departamentos aún presentan cifras por encima de los promedios nacionales. En síntesis, la reducción del número absoluto de pobres (NBI) por su aumento por línea de pobreza y la agudización de la concentración del ingreso, son tres características del desarrollo social colombiano, de ahí que el modelo de desarrollo y la política económica deban tener como una de sus prioridades la generación de empleo productivo y de ingresos de amplios sectores de la población. Por consiguiente, se requiere ofrecer un mayor perfil a la política social en todas las instituciones estatales y ser más exigentes con la aplicación y los indicadores de la política social. Y es de gran importancia llegar a acuerdos para reformar y modernizar al Estado a fin de colocarlo inequívocamente al servicio de la superación de la pobreza. La confrontación de la pobreza implica por consiguiente que los actores se muevan en una dirección académica y otra política, y se sitúen de cara a estrategias concertadas. Debemos transitar desde la teoría de las necesidades hacia los derechos, es decir, hacia la ciudadanía social. La pobreza también debe entenderse como falta de poder. Es preciso avanzar hacia la conformación de una economía productiva y equitativa con empleos bien remunerados(8).
4. El desempleo infantil en el Eje Cafetero Según los cálculos de las encuestas de hogares urbanos, en 1996 sumaron 703 mil las personas desocupadas en el país, de las cuales 10 mil estaban entre 12 a 14 años y 131 mil entre 15 y 19 años (ver tabla 2). El 2,7% de ese total de desocupados vivían en Manizales, mientras que el 3,4% lo hacían en Pereira(9). Huelga decir que en estas cifras no figuran los niños y niñas que se ocupan en la prostitución, ni aquellos que realizan trabajos forzados en largas jornadas y que cada vez se denuncian con mayor frecuencia desde los medios de comunicación y desde la Defensoría del Pueblo y Bienestar Familiar. Tampoco se contabilizan quienes acaban de llegar con sus familias en condición de desplazados por la violencia y circulan por las ciudades en busca del sustento. El peso específico de la población en edad de trabajar (PET) sobre la población total (PT) mantiene cifras crecientes en Pereira y relativamente estables en Manizales. Mientras en aquella ciudad se pasa de 75% (casi 406 mil personas) en 1984 a 78% en 1996, en esta última se mantiene en el 78% (un poco más de 284 mil personas) durante el período. Juntas, estas dos ciudades en 1996 contabilizaron 690 mil personas en edad de trabajar Según la información censal nacional de 1993, 376 mil desempleados eran cesantes y 133 mil eran aspirantes (111 mil en la zona urbana y 22 mil en las rurales). En el Eje Cafetero sumaron 19 mil los desempleados con experiencia laboral y un poco más de 5 mil quienes aspiraban por primera vez, habiendo sido Caldas el departamento con mayor cuota de aspirantes (2.361) y Quindío el de menor número (1.187). Específicamente, en el grupo 12-14 años (aquel que sirve de referente más inmediato para estudiar el trabajo infantil) se mantiene una participación del 1% en el total del desempleo. Pese a que las cifras absolutas no son muy elevadas (9 mil niños buscando trabajo en las zonas urbanas de Colombia en 1996, y 500 en Manizales y Pereira) ellas sí comportan el drama de una sociedad que no solamente no es capaz de evitar el trabajo infantil, sino que acepta explícitamente que los niños adquieran la condición de desocupados. Complementariamente, el grupo de 15 a 19 años también presenta un comportamiento ascendente en el número de jóvenes que buscan empleo y confirma el grave problema del desempleo juvenil. En Pereira y Manizales pasaron de 8 mil en 1986 a casi 10 mil en 1996, siendo éste, en consecuencia, el grupo que merece una atención mayor de las autoridades, pues es el que proporcionalmente aporta la mayor cantidad de desempleados: su participación en el total de desempleo fue del 16%. A su turno la tasa específica de desempleo en este grupo de edad se mantuvo en el 3% en los últimos diez años. Ahora bien, la lectura de la información sobre el desempleo con perspectiva de género muestra que a nivel nacional urbano las mujeres que buscan trabajo crecen en mayor número al de los hombres. Para Manizales - Pereira, en los grupos de edad menores de 19 años, se observa una leve disminución de las mujeres que buscan trabajo, quizás como una consecuencia de la ampliación de la cobertura escolar que las ha beneficiado principalmente a ellas. A escala nacional se crece de 68 mil a 70 mil mujeres desempleadas y los hombres mantienen unas cifras similares. Por otra parte, al observador desprevenido puede causarle gran extrañeza que mien tras en un momento se denuncie el crecimiento del desempleo rural en zona cafetera, en la siguiente coyuntura el llamado público sea por la carencia extrema de mano de obra para actividades de recolección. Nos referimos, por ejemplo, a la paradójica situación de tres departamentos con elevadas tasas de desempleo y que simultáneamente deben importar mano de obra para ocuparse en la cosecha del grano. A mediados de abril de 1998 parte de la recolección peligraba porque hacían falta 18 mil trabajadores en Quindío y 22 mil en Risaralda, sin que se vislumbrara con claridad una solución. Para un dirigente de la Federación de Cafeteros, esta situación - que involucra varios miles de jóvenes y niños- se explica, entre otros motivos, porque los trabajadores van a zonas con altos ingresos por las actividades ilícitas y se muestran renuentes a desplazarse a las zonas cafeteras. La mayoría de la población desocupada del país (57%) tenía un nivel educativo que alcanzaba estudios secundarios, al mismo tiempo que el 30% tenía como máximo estudios de primaria, mientras que la población desocupada con estudios superiores era del 13%. En Manizales, el 36% de los desocupados tenían a lo sumo estudios de primaria, el 55% estudios secundarios y el 9% estudios superiores, presentando una tendencia similar a lo ocurrido en el país. Los niños desocupados entre los 12 y 14 años tenían estudios primarios y los de edades entre los 15 y 19 años se distribuían así: el 52% presentaban estudios primarios, y el 47% estudios secundarios. No se encontraron diferencias al desagregar estos grupos por sexo. En Pereira el 35% de los desocupados tenían estudios primarios, el 59% estudios secundarios y solo el 6% estudios superiores. El nivel educativo de los niños entre 12 y 14 años se distribuyó de la siguiente forma: 75% de los niños con primaria y 25% con estudios secundarios. En el caso de los jóvenes entre 15 y 19 años la distribución en 1996 fue así: 18% con primaria, 80% con estudios de secundaria y un 2% con estudios superiores. Otra información oficial indica que los alumnos jóvenes, menores de 24 años, bachilleres y desempleados de las zonas urbana y rural participan de cursos para técnicos profesionales en cualquier área y de los 18.500 jóvenes que el Gobierno Nacional se fijó como meta en 1998, el Sena en el Eje Cafetero debía cubrir el 8%. En cuanto al desempleo rural, la Región Central también presenta cifras inequívocas: 52 mil de sus 106 mil desempleados rurales (casi la mitad) tienen educación secundaria o superior y de los 2.540 desempleados con educación superior, 1.785 son mujeres. Casi diez mil campesinos que buscan trabajo en esta zona no poseen ningún nivel educativo y 24 mil sólo han asistido a la primaria. Bajo las anteriores consideraciones, todos los esfuerzos que se hagan para continuar ampliando la cobertura educativa, y para garantizar tanto la permanencia de los escolares en los centros docentes, como el mejoramiento de la calidad educativa serán bienvenidos. Los jóvenes muestran preferencia (32%) por el grupo de ocupación de comerciante y vendedor, donde representaron. Después le sigue el grupo de personal administrativo, donde fueron el 23% de los desocupados. Mientras que el grupo de ocupación preferido por los hombres fue el trabajo no agrícola, para las mujeres jóvenes el grupo de ocupación preferido fue el de comerciante y vendedor representando un 30% de las desocupadas (ver tabla 3).
En Manizales se observó que un tercio de los desocupados estaban inclinados por el trabajo agrícola, siguiéndole el grupo de comerciantes y vendedores con un 23% de preferencia, mostrando un panorama diferente a lo ocurrido diez años atrás, cuando la expectativa predominante había sido el de trabajo no agrícola. Confirmando los desfases culturales en las expectativas laborales, en Pereira uno de cada cuatro niños entre 12 y 14 años desearía ocuparse como funcionario público y otro tanto hacer parte del personal administrativo. En el caso de los jóvenes entre 15 y 19 años, el grupo de ocupación preferido fue el de personal administrativo con un 33%, seguido por el de trabajo agrícola con otro 33%. En cuanto a la posición ocupacional buscada, es apenas comprensible que las expectativas laborales de los niños y jóvenes desempleados se distribuyan entre la expectativa de ser obreros o empleados, en primer lugar; ser trabajadores por cuenta propia, en segundo lugar, y poder ocuparse (en el caso particular de las mujeres entre 15 y 19 años) como empleadas domésticas (ver tabla 4) Las ramas de actividad económica en las que aspirarían a emplearse nuestros niños y jóvenes son, en su orden: comercio, industria y servicios. Alrededor de las ramas económicas relacionadas con el transporte, la agricultura y la construcción también se concentran otras importantes expectativas. En cada caso la perspectiva de género muestra variaciones significativas (ver tabla 5) 5. Recomendaciones Para empezar, digamos que no compartimos el escepticismo de quienes piensan que es imposible una mejoría en la situación social de la niñez mientras no se obtenga una transformación radical. Tampoco nos persuade el conservadurismo de quienes estiman que el empleo—desempleo infantil es una secuela inevitable de la pobreza, pero consideran que la solución pasa por la eliminación de la misma. Unos y otros aplazan el cambio hasta un futuro indefinido. Una adecuada estrategia para luchar contra el trabajo infantil y las insólitas expresiones de desempleo en niños a partir de los 10 años parece ser la de garantizar a sus padres un trabajo productivo y adecuadamente remunerado. Mientras esto no suceda será cada vez más difícil distanciar a los niños del mercado laboral formal o informal. A largo plazo la meta debe ser la eliminación del trabajo infantil. En el entretanto es urgente generar los mecanismos necesarios para ejecutar las recomendaciones de la OIT destinadas a la conformación de un amplio frente social (Estado, empleadores, sindicatos, ONGs) capaz de impulsar medidas de corto y mediano plazo. Así por ejemplo, muchos niños que tienen que trabajar hoy necesitan el máximo apoyo y protección posibles en forma de mejor alimentación o servicios médicos. Juzgamos que correctamente otras recomendaciones aprobadas por la OIT se dirigen a mejorar y aplicar efectivamente la legislación laboral; fomentar la escolarización; sensibilizar al conjunto de la población; prestar apoyo a las diversas acciones populares y, por supuesto, suprimir cuanto antes los trabajos indignos y peligrosos. En todo caso, conviene subrayar que todas las políticas orientadas a suavizar la crítica realidad del empleo -desempleo- subempleo infantil no hacen más que ocultar la gravedad de sus impactos y aplazar por tiempo indefinido las soluciones estructurales requeridas. No es buscándole ‘empleo’, sino ofreciéndoles educación y recreación a los niños desocupados como fortalecemos en la base de la sociedad las posibilidades de la democracia y la convivencia pacífica. Una sociedad que se empeña en econtrarles ‘ocupación’ a sus niños desempleados es, en definitiva, una sociedad autoritaria, pues con ello sólo les niega su opción ciudadana. Por tanto, es de gran importancia que el Estado garantice la gratuidad y la obligatoriedad de la educación básica (9 años de escolaridad) en todo el territorio nacional. El fundamento cultural de esta ampliación de la base escolar seguramente traerá consigo un afianzamiento de los valores democráticos y de la convivencia pacífica. Terminemos entonces con esta invocación de la OIT:
«La comunidad internacional tiene hoy la oportunidad de llevar a la práctica lo que predica, esto es: promulgar una legislación y velar por su aplicación, hacer de la escuela una alternativa al trabajo infantil y ayudar a las familias pobres para que sus hijos puedan vivir una infancia feliz y se preparen para una existencia laboral sana y productiva»(10). Tabla 1. Eje Cafetero. Población total por sexo, según grupos de edad. 1993
Tabla 2. Manizales a.M. Pereira a.M. Población desocupada por nivel educativo, según grupo de edad y sexo. 1996
Tabla 3. Pereira A.M.-Manizales A.M. Población desocupada por grupo de ocupaciónbuscada, según grupo de edad y sexo. 1996
Tabla 4A. Región central. Población desocupada por posición ocupacional buscada, según grupo de edad y sexo. 1995
Tabla 5. Pereira A.M.-Manizales A.M. Población desocupada por rama de actividad económica buscada según grupos de edad y sexo. 1996
Tabla 5-A. Región central. Población desocupada por rama de actividad económica buscada, según grupo de edad y sexo. 1995
NOTAS (1) Cfr. OIT. El trabajo en el mundo. Nueva Visión. Caracas, 1992 (2) Cfr. GARCIA, Emilio. El trabajo Infantil en América latina: otra vena abierta. UNICEF. Santa Fé de Bogotá, 1994. (3) Cfr. Viva la Ciudadanía. Construcción de indicadores para la evaluación social de los planes de desarrollo. Santa Fé de Bogotá, 1997. (4) Cfr. CEPAL La situación social de América Latina. Santiago de Chile, 1996 (5) Cfr. DNP. Tendencias recientes y situación socio-demográfica de la población colom biana. Santa Fé de Bogotá, 1995. (6) Cfr. ARANGO, Oscar. Sociología del desempleo y del subempleo: un estudio en el Eje Cafetero. Universidad Tecnológica de Pereira, 1998. (7) Cfr. Corpes. El occidente colombiano, la región del futuro. Pereira, 1998 (8) Cfr. Conclusiones de la Cumbre social contra la pobreza, por la equidad y por la paz. En: Caja de Herramientas. Septiembre, 1998 (9) Debe recordarse que Armenia no está incluida en la muestra nacional de las encuestas de hogares. (10) OIT. Op. cit. p. 21 |
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