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El Frente Nacional Una reflexión histórica de su legitimidad política"

Alvaro Acevedo Tarazona
Salomón Castaño Alvarez

 

El período del Frente Nacional (FN), posterior a la dictadura de Rojas (1953-1957), ha marcado la vida política del país hasta la actualidad por su desafortunada fórmula «salvadora de paz» y de alternancia del poder entre los dos partidos históricos (liberal y conservador) durante diez y seis años (1958-1974), pero, principalmente, por sus actuaciones de exclusión y represión política a terceros partidos, movimientos y protestas sociales, organizaciones y agremiaciones de base. El análisis de este fenómeno político, no exclusivo de Colombia y denominado, en este caso, consociacionalismo para señalar la transición que se hizo de la dictadura a la democracia limitada y restringida del FN, se constituye hoy en un tema de actualidad, a propósito de los principales actores de la guerra: militares, grupos al margen de la ley y sociedad civil. Más ahora, cuando de nuevo se reviven debates que se creían resueltos o, al menos, discutidos y esclarecidos sobre las facultades de los militares en el Estado colombiano, así como sobre su papel en la preservación de la legitimidad política del país.

 

El pacto bipartidista del Frente Nacional no ha sido un fenómeno único en la historia reciente de Colombia: Uruguay y Venezuela en las décadas del 50 y 60, y luego Chile y Argentina en los 80 vivieron algo semejante durante la transición a sus democracias. Jonathan Hartlyn, en su libro La política del Régimen de coalición: La experiencia del Frente Nacional en Colombia, ha denominado a este proceso consociacionalismo para explicar un fenómeno político por el cual las clases dirigentes tradicionales forman amplias coaliciones en momentos de transición hacia un gobierno democrático(1).

Y aunque dicho fenómeno no es el mismo en cada país por la naturaleza política del régimen existente antes de la transición hacia la democracia (un gobierno militar, un orden colonial, una ocupación extranjera o algún otro contexto político), para Jonathan Hartlyn, en Colombia, y comúnmente en otros casos latinoamericanos, la literatura consociacionalista se aplica en el contexto de una transición democrática luego de un régimen militar. En contraste, los casos europeos han involucrado la transición y el consociacionalismo en regímenes ya existentes (como en Holanda) o en nuevos establecidos después de una ocupación extranjera (como en Austria)(2).

En el caso colombiano, sin embargo, habría que preguntarse ¿hasta qué punto la coalición bipartidista del FN dio vía libre hacia una transición política democrática, cuando hay una importante producción literaria sobre este tema que persiste en considerar que una verdadera transición política ocurre cuando un régimen anterior deja de existir para dar paso a otro distinto? Ahora bien, si se asumiera la acepción literal de este término, tal como ha quedado indicado, no cabe duda que en Colombia el final de la dictadura y el pacto bipartidista del Frente Nacional no se constituyó en un transparente proceso de transición política, pues el nuevo régimen nacionalista no era la expresión de un estado socio - político en el cual el anterior dejaba de existir plenamente, pese a que alrededor de la dictadura se movilizaron fuerzas sociales y políticas en busca de una transformación del régimen anterior(3).

El pacto consociacionalista del Frente Nacional (FN) en Colombia fue un acuerdo realizado en España por Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez para hacerle frente al dictador Gustavo Rojas Pinilla; un año antes Alfonso López Pumarejo ya había hecho este llamado para cumplir con dicho propósito. Este acuerdo, que pactó la alternancia del poder durante dieciséis años (1958-1974), a la postre implicaría la puesta en ejecución de toda clase de experimentos "sociales" con el propósito de relegitimar el nuevo sistema político, al igual que sus propios "jefes naturales"(4). Pero logró el efecto contrario. Las medidas religitimatorias eran tan evidentes y forzadas que no hizo sino desvirtuar aun más el dominio tradicional que los representantes de los dos partidos se habían forjado durante décadas.

La dirección del «cambio social» fue canalizada casi por los mismos actores del liberalismo y del conservatismo que cuatro años atrás habían apoyado el golpe militar. Lo que en realidad ocurrió entre la caída de Rojas y la instauración del Frente Nacional fue el tránsito hacia un régimen democrático limitado y restringido, suscitado por el temor de las elites de los dos partidos a ser excluidas del poder por el gobierno militar, la violencia en el campo y el estancamiento económico. Esta es la razón por la cual para Marco Palacios el FN fomentó "una pedagogía del compromiso entre dos partidos cada vez más parecidos". Pero no consiguió cimentar una cultura política democrática y desaprovechó la oportunidad de emprender reformas sociales básicas. Desarrolló una actitud intolerante frente a la oposición -es la historia de la persecución, represión y cooptación del Movimiento Revolucionario Liberal y la Alianza Nacional Popular entre 1960 y 1972 - y relegó a un segundo plano los elementos desencadenantes del conflicto político, como la cuestión agraria; en cuanto tuvo que responder a éstos, abusó del estado de sitio»(5). De manera que la sociedad civil (aquellos individuos que actuaron movidos por el interés privado o colectivo para defender intereses comunes) no tuvo un escenario apropiado para la libre participación política, pese a que siempre estuvo buscando alternativas de solución y respuestas a la restringida democracia de este período.

Se sabe que hubo un gran número de protestas sociales de todo orden que incluían desde las campesinas hasta las gremiales, pasando por las estudiantiles, obreras, sindicales, indígenas o de mujeres(6). También surgieron organizaciones civiles y políticas como la ANUC y las JAC (ambas creadas oficialmente bajo el gobierno de Lleras Restrepo), así como el MRL, la ANAPO, la UNO, el MOIR y otras que quisieron probar la "democracia" colombiana abriéndose paso a codazos entre la inercia bipartidista. Así mismo, desde la Iglesia hubo un fuerte y semiclandestino sector disidente que se comprometió con un evangelismo practicante inspirado en la encíclica Populorum Progresio (sobre el desarrollo de los pueblos), enunciada por el Papa Paulo VI en 1967 y conocida en la segunda Asamblea General del CELAM, realizada en Medellín en 1968. Este sector, denominado Golconda, al igual que las Comunidades Eclesiásticas de Base, en su momento, se convirtieron en una alternativa de acción comunitaria para la población marginal del país.

Por otra parte, la imagen heroica del Che Guevara y poco después la del padre Camilo Torres Restrepo inspiraría a los grupos guerrilleros colombianos en su abierta oposición al pacto bipartidista del FN. En el año de 1962, un grupo de aproximadamente sesenta jóvenes colombianos viajaron a Cuba, de los cuales once insistieron en que se les adiestrara en las tácticas y técnicas de la lucha guerrillera. Al finalizar el curso, los siete que cumplieron con las exigencias regresaron al país: Víctor Medina Morón, Fabio Vásquez Castaño, Heriberto Espitía, Ricardo Lara Parada, Luis Rovira, Mario Hernández y José Merchán. Precisamente estos serían los organizadores de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). No es por ello extraño que casi desde el mismo momento de la revolución cubana, los planteamientos de ésta y la disputa chino - soviética calase en individuos como los hermanos Vásquez Castaño, Camilo Torres y líderes estudiantiles destacados en la Universidad Industrial de Santander como Jaime Arenas Reyes, quienes vieron en las teorías del foquismo y el voluntarismo la forma de crear una conciencia social para impulsar la lucha popular y organizar núcleos en las ciudades y campos como el principal camino para la toma del poder.

Es cierto que en un comienzo el plebiscito contó con el respaldo de amplias mayorías para apoyar el Frente Nacional (95.2% a su favor(7), pero durante el desenvolvimiento de los cuatro gobiernos de éste el abstencionismo estuvo por encima del 50%. Y si también es cierto que con este mecanismo se redujo la violencia partidista, no menos cierto es que dio origen a otras formas de violencia al mismo tiempo que los dos partidos se tornaban más homogéneos y se desvanecía el ya frágil "carisma tradicional" de sus representantes. 1964 podría considerarse como el año en el cual nació el ELN, en la vereda La Fortuna del municipio de San Vicente de Chucurí, departamento de Santander; un año después se daría a conocer en la famosa «toma de Simacota», en el mismo departamento. En 1964 también se puede decir que nacieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con la operación del 14 de junio de este año desarrollada por la VI Brigada del Ejército colombiano para desalojarlos de Marquetalia, en el departamento del Tolima. Estos dos grupos revolucionarios también recibieron en sus filas a individuos de las guerrillas liberales de extracción campesina que se organizaron poco después del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán.

 

...la imagen heroica del Che Guevara y poco después la del padre Camilo Torres Restrepo inspiraría a los grupos guerrilleros colombianos en su abierta oposición al pacto bipartidista del FN...

 

Pero si en el FN surgieron estas agrupaciones guerrilleras con las consecuencias que hoy todos conocemos, no fueron menos desastrosas las consecuencias del comportamiento político del partido liberal y conservador al prohijar el faccionalismo regional de su "caciques"(8), expertos en acuerdos programáticos locales y demás artilugios políticos. Es cierto que la creación geopolítica de los tres departamentos de Quindío, Risaralda y Caldas - por citar sólo un ejemplo relacionado con esta región del centro-occidente del país -, terminó por responder a nueva una realidad social y económica del «viejo Caldas», pero también es evidente que los límites geopolíticos en los cuales, finalmente, quedaron circunscritos los municipios a los tres departamentos fue más consecuencia de los intereses y componendas electorales de sus respectivos «caciques» y caudillos regionales que de las propias realidades territoriales y socio - económicas de las respectivas poblaciones municipales.

En lo militar, tras la riesgosa experiencia de la dictadura, el FN alejó a las fuerzas armadas de su participación en política, delegándoles exclusivamente el manejo del orden público en el país(9). No obstante, en 1965, se le otorgó a la Justicia Penal Militar el derecho de juzgar civiles y de hacer más efectivo el artículo 121 sobre el Estado de sitio de la Constitución de 1886, el cual le otorgaba competencias especiales al gobierno para mantener el orden público en caso de guerra exterior o de conmoción interior, conforme a las facultades legales que la Constitución otorgaba para tiempos de guerra o de perturbación del orden público. Una medida, a propósito, que se extendería y haría más represiva con el Estatuto de Seguridad en el gobierno Turbay Ayala (1978-1982), por su abierta y flagrante lesión al principio y derecho más elemental de toda democracia: permitir la discusión pública en un escenario de amplias garantías y concepciones de justicia(10). Pues no es un secreto que con este Estatuto se violaron los mínimos derechos de los ciudadanos para defenderse ante cualquier acusación y proceso judicial militar que se le hiciera.

Con respecto a las fuerzas militares, también es importante tener en cuenta las implicaciones que tuvo para el FN las actuaciones ideológicas y tácticas de la alta oficialidad en el manejo del orden público con sus consecuentes lesiones a la legitimidad del régimen. En efecto, las fuerzas armadas, que habían iniciado su profesionalización en 1907, contaron con la primera generación de altos oficiales en 1943. Algunos de estos oficiales formaron el primer Batallón Colombia que participó en la guerra de Corea (1951-1954)(11); al regreso, se vieron abocados al conflicto interno del país que en ese momento enfrentaba la dictadura de Rojas con las cuadrillas liberales. Uno de esos oficiales era el general Alberto Ruíz Novoa, quien en 1960 diseñaría el "Plan Laso" el cual incluyó operaciones cívico-militares en las regiones de mayor conflicto en ese momento, como el Eje Cafetero, norte del Valle y sur del Tolima.

Hacia 1964, este Plan se puso a prueba, una vez más, con el ataque a las famosas "repúblicas independientes" (Sumapaz Marquetalia El Pato, Rio Chiquito, Ariari) donde el componente militar (tierra arrasada) tuvo más peso que el cívico. El ataque a Marquetalia, durante el gobierno de Guillermo León Valencia, fue de tal ferocidad que no se escatimó en usar el Napalm como medio de lucha antisubversiva en sus zonas de influencia.

La manera como Valencia reprimió la región de Marquetalia guarda similitudes con el ataque a Villarrica durante el gobierno militar de Rojas Pinilla, porque simbolizó la "victoria" del gobierno sobre la subversión y "un monstruoso error histórico por parte de la clase dirigente colombiana", como bien lo señala Eduardo Pizarro León-Gómez (12).

Ahora bien, por muy claro que haya sido el discurso del presidente Alberto Lleras Camargo a los militares para que no intervinieran en la política, fue inevitable que los oficiales opinaran en torno a la corresponsabilidad del Estado sobre las causas de la violencia, dejando entrever con ello, además, ciertas fisuras en la pretendida cohesión de las fuerzas militares; una situación que persiste actualmente(13). Este fue el caso del general Novoa cuando era ministro de Guerra (1962-1965), quien criticó la ausencia de reformas del Estado que contribuían al atraso de las regiones del país y al auge del comunismo. Este tipo de apreciaciones fue el motivo lógico de la renuncia de éste en 1965. A partir de ese momento, se confirmó además dos tendencias ideológicas dentro del ejército: una denominada sociológica o desarrollista y otra estrictamente pragmática. Situación, por demás, que influirá posteriormente en la visión del conflicto interno y en la adopción del concepto de Seguridad Nacional(14).

Cabe también anotar que la manera selectiva como el gobierno de Laureano Gómez conformó el batallón Colombia que viajó a Corea dio origen a esta división. En efecto, la "conservatización" del ejército, a expensas del conflicto coreano, fue un hecho que no pasó desapercibido por la mayoría de los altos oficiales de vocación liberal(15). Esto fue lo que expresó, en su momento, el Brigadier General Gabriel Puyana García:

Esos pocos meses en el Llano, la forma absurda como se ha venido conduciendo la represión indiscriminada contra los campesinos inermes, nos va precipitando en una contienda fratricida, que seguramente habrá de extenderse por todo el país [...] y que se habrá de quedar entre dos fuegos. Entre los que se agrupan como `guerrilleros políticos' en la justa defensa de su vida, de sus tierras y de sus derechos, pero que se entremezclan también con oportunistas y criminales que escaparon de las cárceles el 9 de abril [...] y entre quienes el gobierno ha llamado a sus filas, procedentes de Pueblo Viejo y otros pueblos de Boyacá, llegando incluso a disfrazarlos de soldados para disimular su actitud reaccionaria y sus odios y que siguiendo las consignas políticas de sus jefes regionales, solo les interesa ensañarse en liquidar a sus contrarios en nombre de su partido(16).

En cuanto a la cuestión agraria, el Frente Nacional, en sus diferentes etapas de gobierno, intentó aliviar la aguda situación del sector rural, impulsando de nuevo la reforma agraria. Para esto el gobierno de Lleras Camargo (1958-1962) diseñó un programa social en el sector rural mediante la creación de una Comisión Especial de Rehabilitación que trabajó en conexión con los equipos polivalentes y las bolsas de propiedad raíz. Sus objetivos eran: otorgar créditos para la compra y recuperación de fincas, prestar atención comunitaria y realizar obras de infraestructura. Pero lo intrincando de los procedimientos jurídicos y la falta de estrategias logísticas adecuadas hicieron sucumbir este programa(17).

En un país de fuerte vocación campesina, en vías de urbanización, era muy lógico tomar medidas urgentes en el sector rural. No obstante ¿hasta qué punto se trataba realmente de aliviar la situación en el campo? Todas las medidas, en materia social, que se impulsaron durante los gobiernos del Frente Nacional quedaron a medio camino, ya sea por falta de voluntad política o malos procedimientos en su diseño.

La reforma agraria fue recortada cada vez más en sus alcances. La Ley 135 de 1961 o Ley de Reforma Agraria fue acompañada por la creación del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), con el fin de administrar los recursos del Estado para hacer efectivos sus programas. Dos años después se reunió un tímido Consejo Social Agrario(18) para impulsar las iniciativas en esta vía, incluso del cual el padre Camilo Tórres era delegado de la curia, pero la falta de contundencia en los planes y directrices aletargaron la Reforma hasta recibir la estocada final en 1973 en los acuerdos de Chicoral, que, en definitiva, conducirían al "abandono de toda pretensión distributiva de la gran propiedad territorial"(19).

 

En cuanto a la cuestión agraria, el Frente Nacional, en sus diferentes etapas de gobierno, intentó aliviar la aguda situación del sector rural, impulsando de nuevo la reforma agraria.

 

Ante la falta de compromiso político real en materia agraria, persistió el malestar campesino. Las movilizaciones campesinas de las décadas 60 y 70, tendentes a invadir terrenos a escala nacional, no contaron con una fuerza política que las representara de manera contundente y lograra canalizar sus habituales reivindicaciones agraristas, a excepción de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), que en sus inicios tuvo cierta fuerza, pero luego fue censurada hasta debilitarse progresivamente dando un fuerte giro en su inicial filosofía.

En fin. No se niegan los intentos "progresistas" que pudieran haber existido en cada uno de los programas de gobierno del Frente Nacional: "el gobierno de la restauración" de Alberto Lleras Camargo (1958-1962); "el gobierno de la pacificación" de Guillermo León Valencia (1962-1966); "el gobierno de la modernización económica" de Carlos Lleras Resptrepo (1966-1970) y "el gobierno de las cuatro estrategias" de Misael Pastrana Borrero (1970-1974); sin embargo, como lo anota Marco Palacios:

"Estos objetivos quedaron en el papel, ante la ausencia de una opinión independiente y bloqueo de la participación popular. El interés público fue reducido a la eficiencia de las metas de modernización económica, la legitimidad quedó circunscrita al ritual electoral y a la clientelización, en medio de altas tasas de abstención"(20).

Estos intentos buscaron siempre la relegitimación de un sistema político excluyente, dentro de una democracia oligárquica que convirtió los dos partidos políticos en simples maquinarias captadoras de votos. De otra parte, los partidos perdieron el norte y el fin por el cual habían pactado una amplia coalición para derrocar a Rojas: la consecución de la paz y la representación de la sociedad civil ante el Estado. Sin duda, un gran error que repercutirá en la legitimidad y cultura política de los gobiernos posteriores del FN y que tendrá consecuencias hasta la crisis política actual del país.

 

NOTAS


(1) HARTLYN, Jonathan. La política del Régimen de coalición: La experiencia del Frente Nacional en Colombia. Bogotá: Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes (CEI) - Ediciones Uniandes - Tercer Mundo Editores, 1993. p. 14, 25, 298-304.

(2) Para el caso colombiano, Hartlyn dice lo siguiente: «El consociacionalismo fue un mecanismo que las elites pudieron utilizar, como consecuencia de los desarrollos históricos del país. Una vez establecido, el régimen consociacionalista impuso ciertas restricciones y límites en el ámbito y la naturaleza de la actividad política y favoreció ciertas clases de canales políticos sobre otros, a
medida que los actores del régimen trataban de llevar a cabo sus políticas. El Estado colombiano ha sido históricamente débil. El régimen se volvió más vulnerable con el tiempo, puesto que no respondió a los cambios sociales con reformas apropiadas al mismo»; ver: Ibid., p. 15, 298-304.

(3) A propósito de SANTAMARÍA, J. Transición controlada y dificultades de consolidación: el ejemplo español, en SANTAMARÍA, J. (comp.). Transición la democracia en el sur de Europa y América Latina. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 1981. p. 372. Aunque no se puede ignorar que las protestas y manifestaciones que se hicieron desde la universidad para apoyar la caída de Rojas del poder podrían haber interpretado la necesidad de transformaciones políticas en el país, el final de la dictadura no dio paso a un proceso de transición, en el cual el estado anterior hubiese dejado de existir para dar paso a otro, como se conoce en otros contextos de la historia política del siglo XX, como Portugal, España o Grecia.

(4) LEAL BUITRGAO, Francisco y DÁVILA LADRÓN DE GUEVARA, Andrés. Clientelismo: El sistema político y su expresión regional. Bogotá: Tercer Mundo Editores - IEPRI, Universidad Nacional, 1990. p.51.

(5) PALACIOS, Marco. Parábola del liberalismo. Bogotá: Norma, 1999. p. 271. Pese a esto, a partir de la segunda mitad del siglo XX el país entró en una etapa de agudas transformaciones como consecuencia del proceso de modernización del Estado en su intento de dar respuesta a las demandas insatisfechas de la población como redistribución económica, cobertura educativa y participación política.

(6) ARCHILA NEIRA, Mauricio. Protesta social y estado en el Frente Nacional. En: Controversia. Bogotá. CINEP. Nº 170 (1997); p. 10 .Mauricio Archila prefiere utilizar el concepto teórico de protesta social, en lugar de movimiento social. Para Archila, la Protesta Social es "toda acción social colectiva que expresa intencionalmente demandas o presiona soluciones ante el estado - en sus diversos niveles -, entidades privadas o individuos". Dice también que mientras éstas son expresiones puntuales de los movimientos, tampoco requieren permanencia o expresión organizativa manifiesta; en su lugar, los Movimientos Sociales incluye cuatro elementos de análisis: «Acción Colectiva, más o menos permanente, que denota Conflicto por injusticias, desigualdades o exclusiones, que tiene un carácter propositivo. Aunque en ella cabría los sectores sociales más visibles - laboral, campesino y tal vez estudiantil -, sería de difícil aplicación para el movimiento cívico y otros de menos visibilidad durante el Frente Nacional (mujeres e indígenas)».

(7) PALACIOS, Marco. Entre la legitimidad y la violencia: Colombia 1875-1994. Bogotá: Nor
ma, 1995. p.219.

(8) LEAL Y DÁVILA, Op. cit., p. 55-57.

(9) LEAL BUITRAGO, Francisco. El oficio de la guerra: La Seguridad Nacional en Colombia. Bogotá: Tercer Mundo Editores - Universidad Nacional. p., 70-73. Esto fue evidente tras el discurso de Alberto Lleras Camargo en 1958 a los oficiales de la guarnición de Bogotá en el Teatro Patria.

(10) A propósito de un estudio sobre John Rawls, El derecho de los pueblos, ver: MEJÍA, Oscar. Bogotá: Universidad de los Andes, 1996. p., 56.

(11) LEALO Op. cit., p. 9.

(12) PIZARRO LEÓN - GÓMEZ, Eduardo. La profesionalización militar en Colombia (III): los regímenes (1953-1958). En: Análisis Político (1988); p. 8.

(13) Cabe recordar el famoso "ruido de sables" causante de la renuncia del general Harold Bedoya Pizarro, durante la administración Samper. Y en las últimas semanas de este año el «llamado a la lealtad» a las fuerzas militares de Pastrana.

(14) LEAL, Op. cit., p.48 y 92-93.

(15) LEÓN ATEHORTÚA y Adolfo y VÉLEZ RAMÍREZ, Humberto. Estado y fuerzas armadas en Colombia. Bogotá: Tercer Mundo - Universidad Javeriana, seccional Valle, 1994. p.194-195.

(16) PUYANA GARCÍA, Gabriel. ¡Por la libertad... en tierra extraña! Crónicas y reminiscencias de la guerra de Corea. Bogotá: Banco de la República, 1993. p. 47.

(17) SÁNCHEZ, Gonzalo. La Violencia: de Rojas al Frente Nacional. En: TIRADO MEJÍA, Alvaro (coord.). Nueva Historia de Colombia. Bogotá: Planeta, 1989. T. II, p. ,170-171.

(18) GILHODES, Pierre. La cuestión agraria en Colombia (1958-1985). En: TIRADO MEJIA, Alvaro (coord.). Nueva Historia de Colombia. Bogotá: Planeta Colombiana, 1989. T. III, p. 348-349.

(19) KALMANOVITZ, Salomón. Desarrollo histórico del campo colombiano. En: Colombia Hoy. Bogotá: siglo XXI, 1991, p. 294.

(20) PALACIOS, Parábola del liberalismo, Op. cit., p., 271.


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