"El
Frente Nacional
Una reflexión histórica de su legitimidad política"
Alvaro
Acevedo Tarazona
Salomón
Castaño Alvarez
El
período del Frente Nacional (FN), posterior a la
dictadura de Rojas (1953-1957), ha marcado la vida política
del país hasta la actualidad por su desafortunada
fórmula «salvadora de paz» y de alternancia
del poder entre los dos partidos históricos (liberal
y conservador) durante diez y seis años (1958-1974),
pero, principalmente, por sus actuaciones de exclusión
y represión política a terceros partidos,
movimientos y protestas sociales, organizaciones y agremiaciones
de base. El análisis de este fenómeno político,
no exclusivo de Colombia y denominado, en este caso, consociacionalismo
para señalar la transición que se hizo de
la dictadura a la democracia limitada y restringida del
FN, se constituye hoy en un tema de actualidad, a propósito
de los principales actores de la guerra: militares, grupos
al margen de la ley y sociedad civil. Más ahora,
cuando de nuevo se reviven debates que se creían
resueltos o, al menos, discutidos y esclarecidos sobre las
facultades de los militares en el Estado colombiano, así
como sobre su papel en la preservación de la legitimidad
política del país.
El
pacto bipartidista del Frente Nacional no ha sido un fenómeno
único en la historia reciente de Colombia: Uruguay
y Venezuela en las décadas del 50 y 60, y luego Chile
y Argentina en los 80 vivieron algo semejante durante la transición
a sus democracias. Jonathan Hartlyn, en su libro La política
del Régimen de coalición: La experiencia del
Frente Nacional en Colombia, ha denominado a este proceso
consociacionalismo
para explicar un fenómeno político por el cual
las clases dirigentes tradicionales forman amplias coaliciones
en momentos de transición hacia un gobierno democrático(1).
Y
aunque dicho fenómeno no es el mismo en cada país
por la naturaleza política del régimen existente
antes de la transición hacia la democracia (un gobierno
militar, un orden colonial, una ocupación extranjera
o algún otro contexto político), para Jonathan
Hartlyn, en Colombia, y comúnmente en otros casos latinoamericanos,
la literatura consociacionalista se aplica en el contexto
de una transición democrática luego de un régimen
militar. En contraste, los casos europeos han involucrado
la transición y el consociacionalismo en regímenes
ya existentes (como en Holanda) o en nuevos establecidos después
de una ocupación extranjera (como en Austria)(2).
En
el caso colombiano, sin embargo, habría que preguntarse
¿hasta qué punto la coalición bipartidista
del FN dio vía libre hacia una transición política
democrática, cuando hay una importante producción
literaria sobre este tema que persiste en considerar que una
verdadera transición política ocurre cuando
un régimen anterior deja de existir para dar paso a
otro distinto? Ahora bien, si se asumiera la acepción
literal de este término, tal como ha quedado indicado,
no cabe duda que en Colombia el final de la dictadura y el
pacto bipartidista del Frente Nacional no se constituyó
en un transparente proceso de transición política,
pues el nuevo régimen nacionalista no era la expresión
de un estado socio - político en el cual el anterior
dejaba de existir plenamente, pese a que alrededor de la dictadura
se movilizaron fuerzas sociales y políticas en busca
de una transformación del régimen anterior(3).
El
pacto consociacionalista del Frente Nacional (FN) en Colombia
fue un acuerdo realizado en España por Alberto Lleras
Camargo y Laureano Gómez para hacerle frente al dictador
Gustavo Rojas Pinilla; un año antes Alfonso López
Pumarejo ya había hecho este llamado para cumplir con
dicho propósito. Este acuerdo, que pactó la
alternancia del poder durante dieciséis años
(1958-1974), a la postre implicaría la puesta en ejecución
de toda clase de experimentos "sociales"
con el propósito de relegitimar el nuevo sistema político,
al igual que sus propios "jefes naturales"(4).
Pero logró el efecto contrario. Las medidas religitimatorias
eran tan evidentes y forzadas que no hizo sino desvirtuar
aun más el dominio tradicional que los representantes
de los dos partidos se habían forjado durante décadas.
La
dirección del «cambio social» fue
canalizada casi por los mismos actores del liberalismo y del
conservatismo que cuatro años atrás habían
apoyado el golpe militar. Lo que en realidad ocurrió
entre la caída de Rojas y la instauración del
Frente Nacional fue el tránsito hacia un régimen
democrático limitado y restringido, suscitado por el
temor de las elites de los dos partidos a ser excluidas del
poder por el gobierno militar, la violencia en el campo y
el estancamiento económico. Esta es la razón
por la cual para Marco Palacios el FN fomentó "una
pedagogía del compromiso entre dos partidos cada vez
más parecidos". Pero no consiguió cimentar
una cultura política democrática y desaprovechó
la oportunidad de emprender reformas sociales básicas.
Desarrolló una actitud intolerante frente a la oposición
-es la historia de la persecución, represión
y cooptación del Movimiento Revolucionario Liberal
y la Alianza Nacional Popular entre 1960 y 1972 - y relegó
a un segundo plano los elementos desencadenantes del conflicto
político, como la cuestión agraria; en cuanto
tuvo que responder a éstos, abusó del estado
de sitio»(5). De manera que la sociedad
civil (aquellos individuos que actuaron movidos por el interés
privado o colectivo para defender intereses comunes) no tuvo
un escenario apropiado para la libre participación
política, pese a que siempre estuvo buscando alternativas
de solución y respuestas a la restringida democracia
de este período.
Se
sabe que hubo un gran número de protestas
sociales de todo orden que incluían desde las campesinas
hasta las gremiales, pasando por las estudiantiles, obreras,
sindicales, indígenas o de mujeres(6). También
surgieron organizaciones civiles y políticas como la
ANUC y las JAC (ambas creadas oficialmente bajo el gobierno
de Lleras Restrepo), así como el MRL, la ANAPO, la
UNO, el MOIR y otras que quisieron probar la "democracia"
colombiana abriéndose paso a codazos entre la inercia
bipartidista. Así mismo, desde la Iglesia hubo un fuerte
y semiclandestino sector disidente que se comprometió
con un evangelismo practicante inspirado en la encíclica
Populorum Progresio (sobre el desarrollo de los pueblos),
enunciada por el Papa Paulo VI en 1967 y conocida en la segunda
Asamblea General del CELAM, realizada en Medellín en
1968. Este sector, denominado Golconda, al igual que las Comunidades
Eclesiásticas de Base, en su momento, se convirtieron
en una alternativa de acción comunitaria para la población
marginal del país.
Por
otra parte, la imagen heroica del Che Guevara y poco después
la del padre Camilo Torres Restrepo inspiraría a los
grupos guerrilleros colombianos en su abierta oposición
al pacto bipartidista del FN. En el año de 1962, un
grupo de aproximadamente sesenta jóvenes colombianos
viajaron a Cuba, de los cuales once insistieron en que se
les adiestrara en las tácticas y técnicas de
la lucha guerrillera. Al finalizar el curso, los siete que
cumplieron con las exigencias regresaron al país: Víctor
Medina Morón, Fabio Vásquez Castaño,
Heriberto Espitía, Ricardo Lara Parada, Luis Rovira,
Mario Hernández y José Merchán. Precisamente
estos serían los organizadores de la guerrilla del
Ejército de Liberación Nacional (ELN). No es
por ello extraño que casi desde el mismo momento de
la revolución cubana, los planteamientos de ésta
y la disputa chino - soviética calase en individuos
como los hermanos Vásquez Castaño, Camilo Torres
y líderes estudiantiles destacados en la Universidad
Industrial de Santander como Jaime Arenas Reyes, quienes vieron
en las teorías del foquismo y el voluntarismo la forma
de crear una conciencia social para impulsar la lucha popular
y organizar núcleos en las ciudades y campos como el
principal camino para la toma del poder.
Es
cierto que en un comienzo el plebiscito contó con el
respaldo de amplias mayorías para apoyar el Frente
Nacional (95.2% a su favor(7), pero durante el
desenvolvimiento de los cuatro gobiernos de éste el
abstencionismo estuvo por encima del 50%. Y si también
es cierto que con este mecanismo se redujo la violencia partidista,
no menos cierto es que dio origen a otras formas de violencia
al mismo tiempo que los dos partidos se tornaban más
homogéneos y se desvanecía el ya frágil
"carisma tradicional" de sus representantes.
1964 podría considerarse como el año en el cual
nació el ELN, en la vereda La Fortuna del municipio
de San Vicente de Chucurí, departamento de Santander;
un año después se daría a conocer en
la famosa «toma de Simacota», en el mismo
departamento. En 1964 también se puede decir que nacieron
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con
la operación del 14 de junio de este año desarrollada
por la VI Brigada del Ejército colombiano para desalojarlos
de Marquetalia, en el departamento del Tolima. Estos dos grupos
revolucionarios también recibieron en sus filas a individuos
de las guerrillas liberales de extracción campesina
que se organizaron poco después del asesinato de Jorge
Eliecer Gaitán.
| ...la
imagen heroica del Che Guevara y poco después la
del padre Camilo Torres Restrepo inspiraría a los
grupos guerrilleros colombianos en su abierta oposición
al pacto bipartidista del FN... |
Pero
si en el FN surgieron estas agrupaciones guerrilleras con
las consecuencias que hoy todos conocemos, no fueron menos
desastrosas las consecuencias del comportamiento político
del partido liberal y conservador al prohijar el faccionalismo
regional de su "caciques"(8),
expertos en acuerdos programáticos locales y demás
artilugios políticos. Es cierto que la creación
geopolítica de los tres departamentos de Quindío,
Risaralda y Caldas - por citar sólo un ejemplo relacionado
con esta región del centro-occidente del país
-, terminó por responder a nueva una realidad social
y económica del «viejo Caldas», pero
también es evidente que los límites geopolíticos
en los cuales, finalmente, quedaron circunscritos los municipios
a los tres departamentos fue más consecuencia de los
intereses y componendas electorales de sus respectivos «caciques»
y caudillos regionales que de las propias realidades territoriales
y socio - económicas de las respectivas poblaciones
municipales.
En
lo militar, tras la riesgosa experiencia de la dictadura,
el FN alejó a las fuerzas armadas de su participación
en política, delegándoles exclusivamente el
manejo del orden público en el país(9).
No obstante, en 1965, se le otorgó a la Justicia Penal
Militar el derecho de juzgar civiles y de hacer más
efectivo el artículo 121 sobre el Estado de sitio de
la Constitución de 1886, el cual le otorgaba competencias
especiales al gobierno para mantener el orden público
en caso de guerra exterior o de conmoción interior,
conforme a las facultades legales que la Constitución
otorgaba para tiempos de guerra o de perturbación del
orden público. Una medida, a propósito, que
se extendería y haría más represiva con
el Estatuto de Seguridad en el gobierno Turbay Ayala (1978-1982),
por su abierta y flagrante lesión al principio y derecho
más elemental de toda democracia: permitir la discusión
pública en un escenario de amplias garantías
y concepciones de justicia(10). Pues no es un secreto
que con este Estatuto se violaron los mínimos derechos
de los ciudadanos para defenderse ante cualquier acusación
y proceso judicial militar que se le hiciera.
Con
respecto a las fuerzas militares, también es importante
tener en cuenta las implicaciones que tuvo para el FN las
actuaciones ideológicas y tácticas de la alta
oficialidad en el manejo del orden público con sus
consecuentes lesiones a la legitimidad del régimen.
En efecto, las fuerzas armadas, que habían iniciado
su profesionalización en 1907, contaron con la primera
generación de altos oficiales en 1943. Algunos de estos
oficiales formaron el primer Batallón Colombia que
participó en la guerra de Corea (1951-1954)(11);
al regreso, se vieron abocados al conflicto interno del país
que en ese momento enfrentaba la dictadura de Rojas con las
cuadrillas liberales. Uno de esos oficiales era el general
Alberto Ruíz Novoa, quien en 1960 diseñaría
el "Plan Laso" el cual incluyó operaciones
cívico-militares en las regiones de mayor conflicto
en ese momento, como el Eje Cafetero, norte del Valle y sur
del Tolima.
Hacia
1964, este Plan se puso a prueba, una vez más, con
el ataque a las famosas "repúblicas independientes"
(Sumapaz Marquetalia El Pato, Rio Chiquito, Ariari) donde
el componente militar (tierra arrasada) tuvo más peso
que el cívico. El ataque a Marquetalia, durante el
gobierno de Guillermo León Valencia, fue de tal ferocidad
que no se escatimó en usar el Napalm como medio de
lucha antisubversiva en sus zonas de influencia.
La
manera como Valencia reprimió la región de Marquetalia
guarda similitudes con el ataque a Villarrica durante el gobierno
militar de Rojas Pinilla, porque simbolizó la "victoria"
del gobierno sobre la subversión y "un monstruoso
error histórico por parte de la clase dirigente colombiana",
como bien lo señala Eduardo Pizarro León-Gómez
(12).
Ahora
bien, por muy claro que haya sido el discurso del presidente
Alberto Lleras Camargo a los militares para que no intervinieran
en la política, fue inevitable que los oficiales opinaran
en torno a la corresponsabilidad
del Estado sobre las causas de la violencia, dejando entrever
con ello, además, ciertas fisuras en la pretendida
cohesión de las fuerzas militares; una situación
que persiste actualmente(13). Este fue el caso
del general Novoa cuando era ministro de Guerra (1962-1965),
quien criticó la ausencia de reformas del Estado que
contribuían al atraso de las regiones del país
y al auge del comunismo. Este tipo de apreciaciones fue el
motivo lógico de la renuncia de éste en 1965.
A partir de ese momento, se confirmó además
dos tendencias ideológicas dentro del ejército:
una denominada sociológica o desarrollista y otra estrictamente
pragmática. Situación, por demás, que
influirá posteriormente en la visión del conflicto
interno y en la adopción del concepto de Seguridad
Nacional(14).
Cabe
también anotar que la manera selectiva como el gobierno
de Laureano Gómez conformó el batallón
Colombia que viajó a Corea dio origen a esta división.
En efecto, la "conservatización" del
ejército, a expensas del conflicto coreano, fue un
hecho que no pasó desapercibido por la mayoría
de los altos oficiales de vocación liberal(15).
Esto fue lo que expresó, en su momento, el Brigadier
General Gabriel Puyana García:
Esos
pocos meses en el Llano, la forma absurda como se ha venido
conduciendo la represión indiscriminada contra los
campesinos inermes, nos va precipitando en una contienda
fratricida, que seguramente habrá de extenderse por
todo el país [...] y que se habrá de quedar
entre dos fuegos. Entre los que se agrupan como `guerrilleros
políticos' en la justa defensa de su vida, de sus
tierras y de sus derechos, pero que se entremezclan también
con oportunistas y criminales que escaparon de las cárceles
el 9 de abril [...] y entre quienes el gobierno ha llamado
a sus filas, procedentes de Pueblo Viejo y otros pueblos
de Boyacá, llegando incluso a disfrazarlos de soldados
para disimular su actitud reaccionaria y sus odios y que
siguiendo las consignas políticas de sus jefes regionales,
solo les interesa ensañarse en liquidar a sus contrarios
en nombre de su partido(16).
En
cuanto a la cuestión agraria, el Frente Nacional, en
sus diferentes etapas de gobierno, intentó aliviar
la aguda situación del sector rural, impulsando de
nuevo la reforma agraria. Para esto el gobierno de Lleras
Camargo (1958-1962) diseñó un programa social
en el sector rural mediante la creación de una Comisión
Especial de Rehabilitación que trabajó en conexión
con los equipos polivalentes y las bolsas de propiedad raíz.
Sus objetivos eran: otorgar créditos para la compra
y recuperación de fincas, prestar atención comunitaria
y realizar obras de infraestructura. Pero lo intrincando de
los procedimientos jurídicos y la falta de estrategias
logísticas adecuadas hicieron sucumbir este programa(17).
En
un país de fuerte vocación campesina, en vías
de urbanización, era muy lógico tomar medidas
urgentes en el sector rural. No obstante ¿hasta qué
punto se trataba realmente de aliviar la situación
en el campo? Todas las medidas, en materia social, que se
impulsaron durante los gobiernos del Frente Nacional quedaron
a medio camino, ya sea por falta de voluntad política
o malos procedimientos en su diseño.
La
reforma agraria fue recortada cada vez más en sus alcances.
La Ley 135 de 1961 o Ley de Reforma Agraria fue acompañada
por la creación del Instituto Colombiano de la Reforma
Agraria (INCORA), con el fin de administrar los recursos del
Estado para hacer efectivos sus programas. Dos años
después se reunió un tímido Consejo Social
Agrario(18) para impulsar las iniciativas en esta
vía, incluso del cual el padre Camilo Tórres
era delegado de la curia, pero la falta de contundencia en
los planes y directrices aletargaron la Reforma hasta recibir
la estocada final en 1973 en los acuerdos de Chicoral, que,
en definitiva, conducirían al "abandono de toda
pretensión distributiva de la gran propiedad territorial"(19).
| En
cuanto a la cuestión agraria, el Frente Nacional,
en sus diferentes etapas de gobierno, intentó aliviar
la aguda situación del sector rural, impulsando
de nuevo la reforma agraria. |
Ante
la falta de compromiso político real en materia agraria,
persistió el malestar campesino. Las movilizaciones
campesinas de las décadas 60 y 70, tendentes a invadir
terrenos a escala nacional, no contaron con una fuerza política
que las representara de manera contundente y lograra canalizar
sus habituales reivindicaciones agraristas, a excepción
de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC),
que en sus inicios tuvo cierta fuerza, pero luego fue censurada
hasta debilitarse progresivamente dando un fuerte giro en
su inicial filosofía.
En
fin. No se niegan los intentos "progresistas"
que pudieran haber existido en cada uno de los programas de
gobierno del Frente Nacional: "el gobierno de la restauración"
de Alberto Lleras Camargo (1958-1962); "el gobierno
de la pacificación" de Guillermo León
Valencia (1962-1966); "el gobierno de la modernización
económica" de Carlos Lleras Resptrepo (1966-1970)
y "el gobierno de las cuatro estrategias"
de Misael Pastrana Borrero (1970-1974); sin embargo, como
lo anota Marco Palacios:
"Estos
objetivos quedaron en el papel, ante la ausencia de una
opinión independiente y bloqueo de la participación
popular. El interés público fue reducido a
la eficiencia de las metas de modernización económica,
la legitimidad quedó circunscrita al ritual electoral
y a la clientelización, en medio de altas tasas de
abstención"(20).
Estos
intentos buscaron siempre la relegitimación de un sistema
político excluyente, dentro de una democracia oligárquica
que convirtió los dos partidos políticos en
simples maquinarias captadoras de votos. De otra parte, los
partidos perdieron el norte y el fin por el cual habían
pactado una amplia coalición para derrocar a Rojas:
la consecución de la paz y la representación
de la sociedad civil ante el Estado. Sin duda, un gran error
que repercutirá en la legitimidad y cultura política
de los gobiernos posteriores del FN y que tendrá consecuencias
hasta la crisis política actual del país.
NOTAS
(1) HARTLYN, Jonathan. La política
del Régimen de coalición: La experiencia del Frente
Nacional en Colombia. Bogotá: Centro de Estudios
Internacionales de la Universidad de los Andes (CEI) - Ediciones
Uniandes - Tercer Mundo Editores, 1993. p. 14, 25, 298-304.
(2)
Para el caso colombiano, Hartlyn dice lo siguiente: «El
consociacionalismo fue un mecanismo que las elites pudieron
utilizar, como consecuencia de los desarrollos históricos
del país. Una vez establecido, el régimen consociacionalista
impuso ciertas restricciones y límites en el ámbito
y la naturaleza de la actividad política y favoreció
ciertas clases de canales políticos sobre otros, a
medida que los actores del régimen trataban de llevar
a cabo sus políticas. El Estado colombiano ha sido históricamente
débil. El régimen se volvió más
vulnerable con el tiempo, puesto que no respondió a los
cambios sociales con reformas apropiadas al mismo»; ver:
Ibid., p. 15, 298-304.
(3)
A propósito de SANTAMARÍA, J. Transición
controlada y dificultades de consolidación: el ejemplo
español, en SANTAMARÍA, J. (comp.). Transición
la democracia en el sur de Europa y América Latina.
Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 1981.
p. 372. Aunque no se puede ignorar que las protestas y manifestaciones
que se hicieron desde la universidad para apoyar la caída
de Rojas del poder podrían haber interpretado la necesidad
de transformaciones políticas en el país, el final
de la dictadura no dio paso a un proceso de transición,
en el cual el estado anterior hubiese dejado de existir para
dar paso a otro, como se conoce en otros contextos de la historia
política del siglo XX, como Portugal, España o
Grecia.
(4)
LEAL BUITRGAO, Francisco y DÁVILA LADRÓN DE GUEVARA,
Andrés. Clientelismo: El sistema político y
su expresión regional. Bogotá: Tercer Mundo
Editores - IEPRI, Universidad Nacional, 1990. p.51.
(5)
PALACIOS, Marco. Parábola del liberalismo. Bogotá:
Norma, 1999. p. 271. Pese a esto, a partir de la segunda mitad
del siglo XX el país entró en una etapa de agudas
transformaciones como consecuencia del proceso de modernización
del Estado en su intento de dar respuesta a las demandas insatisfechas
de la población como redistribución económica,
cobertura educativa y participación política.
(6)
ARCHILA NEIRA, Mauricio. Protesta social y estado en el Frente
Nacional. En: Controversia. Bogotá.
CINEP. Nº 170 (1997); p. 10 .Mauricio Archila prefiere
utilizar el concepto teórico de protesta social, en lugar
de movimiento social. Para Archila, la Protesta Social es "toda
acción social colectiva que expresa intencionalmente
demandas o presiona soluciones ante el estado - en sus diversos
niveles -, entidades privadas o individuos". Dice también
que mientras éstas son expresiones puntuales de los movimientos,
tampoco requieren permanencia o expresión organizativa
manifiesta; en su lugar, los Movimientos Sociales incluye cuatro
elementos de análisis: «Acción Colectiva,
más o menos permanente, que denota Conflicto por injusticias,
desigualdades o exclusiones, que tiene un carácter propositivo.
Aunque en ella cabría los sectores sociales más
visibles - laboral, campesino y tal vez estudiantil -, sería
de difícil aplicación para el movimiento cívico
y otros de menos visibilidad durante el Frente Nacional (mujeres
e indígenas)».
(7)
PALACIOS, Marco. Entre la legitimidad y la violencia: Colombia
1875-1994. Bogotá: Nor
ma, 1995. p.219.
(8)
LEAL Y DÁVILA, Op. cit., p. 55-57.
(9)
LEAL BUITRAGO, Francisco. El oficio de la guerra: La Seguridad
Nacional en Colombia. Bogotá: Tercer Mundo Editores
- Universidad Nacional. p., 70-73. Esto fue evidente tras el
discurso de Alberto Lleras Camargo en 1958 a los oficiales de
la guarnición de Bogotá en el Teatro Patria.
(10)
A propósito de un estudio sobre John Rawls, El derecho
de los pueblos, ver: MEJÍA, Oscar. Bogotá:
Universidad de los Andes, 1996. p., 56.
(11)
LEALO Op. cit., p. 9.
(12)
PIZARRO LEÓN - GÓMEZ, Eduardo. La profesionalización
militar en Colombia (III): los regímenes (1953-1958).
En: Análisis Político (1988); p.
8.
(13)
Cabe recordar el famoso "ruido de sables" causante
de la renuncia del general Harold Bedoya Pizarro, durante la
administración Samper. Y en las últimas semanas
de este año el «llamado a la lealtad» a las
fuerzas militares de Pastrana.
(14)
LEAL, Op. cit., p.48 y 92-93.
(15)
LEÓN ATEHORTÚA y Adolfo y VÉLEZ RAMÍREZ,
Humberto. Estado y fuerzas armadas en Colombia. Bogotá:
Tercer Mundo - Universidad Javeriana, seccional Valle, 1994.
p.194-195.
(16)
PUYANA GARCÍA, Gabriel. ¡Por la libertad... en
tierra extraña! Crónicas y reminiscencias de la
guerra de Corea. Bogotá: Banco de la República,
1993. p. 47.
(17)
SÁNCHEZ, Gonzalo. La Violencia: de Rojas al Frente
Nacional. En: TIRADO MEJÍA, Alvaro (coord.). Nueva
Historia de Colombia. Bogotá: Planeta, 1989. T. II,
p. ,170-171.
(18)
GILHODES, Pierre. La cuestión agraria en Colombia
(1958-1985). En: TIRADO MEJIA, Alvaro (coord.). Nueva
Historia de Colombia. Bogotá: Planeta Colombiana,
1989. T. III, p. 348-349.
(19)
KALMANOVITZ, Salomón. Desarrollo histórico
del campo colombiano. En: Colombia Hoy. Bogotá:
siglo XXI, 1991, p. 294.
(20)
PALACIOS, Parábola del liberalismo, Op. cit.,
p., 271.
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