"La institucionalidad
cafetera: incierto futuro"
Oscar
Arango Gaviria
El Congreso Cafetero de 2000 sirvió de escenario
central para adoptar las decisiones con las cuales el gremio
busca sortear la crisis. Las medidas que se han ido cumpliendo
en 2001 abarcan frentes diversos. Por ejemplo, la FNCC,
decidió profundizar un proceso de ajuste mediante
el cual pretende disminuir a la mitad sus costos de operación
de $40.000 millones a $20.000 millones anuales entre el
2001 y el 2002. El proceso incluye un recorte de $200 mil
millones en las inversiones sociales y de investigación
del FNC, más recortes de la planta de personal, eliminación
de programas de bienestar social para empleados, así
como la reducción de cooperativas las cuales han
pasado de 60 que había en 1996 a 43 en 2001. De estas
últimas, 16 funcionan hoy para comercializar café
y el resto se ocupa de almacenarlo.
Cooperativas
de caficultores y precio interno
Históricamente,
las cooperativas han sido uno de los más fuertes eslabones
económico-sociales de la institucionalidad cafetera
colombiana. Ellas prestan sus servicios en toda la zona cafetera
del país, son empresas económicas de servicio
social multiactivo que agrupan casi 100 mil socios, cuyos
aportes de capital suman no menos de $60.000 millones.
Estas
son organizaciones solidarias, de propiedad de los caficultores,
cuya función principal es la de garantizar la compra
de la cosecha cafetera, a un precio mínimo de sustentación.
Para cumplir
esta función, cuentan con los recursos del Fondo Nacional
del Café, los cuales son suministrados por la Federación
a través de Almacafé S.A.
La
decisión de limitar a su mínima expresión
las cooperativas cafeteras muy seguramente contribuirá
a dejar cada vez más el mercado interno del café
en manos de intermediarios y comerciantes particulares que,
es bien seguro, aprovecharán esta circunstancia para
ocupar los espacios que dejan aquellas organizaciones e incrementar
sus ganancias particulares en detrimento de los productores.
A
lo dicho, debe sumarse el que en medio de las más bajas
cotizaciones en los últimos 8 años, la Federación
decidió en enero de 2001 afrontar las consecuencias
políticas previstas y reducir el precio interno aceptando
que pueda estar incluso por debajo de $280 mil la carga al
adoptar un mecanismo de reajuste diario del precio interno
para tratar de captar de mejor manera las oscilaciones de
la cotización externa. La decisión en septiembre
de 2001 de ofrecer un subsidio de $15 mil por saco de 125
kilos, es un reconocimiento a esta realidad.
Decisiones
recientes del
Comité Nacional
En
el año cafetero que corre únicamente se esperan
ingresos por US$900 millones, es decir, un 50% menos de lo
conseguido en 1999. El Fondo Nacional del Café disminuyó
su patrimonio en casi mil millones de dólares, descendiendo
de US$1.700 a US$700 entre 1995 y 2000. Las pérdidas
acumuladas de este Fondo se estiman en cerca de $2 billones,
de los cuales $250 mil millones corresponden a la ejecución
deficitaria de 2000.
En
una reciente reunión, al admitir la gravedad de la
crisis, el Comité Nacional decidió "garantizar
la compra de la cosecha, mantener a Cenicafé y apoyar
el programa de extensión". Todo lo demás
"se acaba", indicó el Gerente de la
Federación(1).
Estas
decisiones traen aparejados diferentes impactos: primero,
los 15 comités de cafeteros quedan, en la práctica,
sin recursos para programas sociales, ambientales y de infraestructura
y ello dificultará mantener la credibilidad social
y el prestigio que los ha caracterizado durante años.
Segundo, se reducirá en un 60% la renovación
cafetera proyectada hasta el 2002, cuyo costo era de $45 mil
millones/año y el programa de extensión pasa
de contar con 1.600 técnicos a sólo 900. Tercero,
se recorta en US$10 millones el rubro de publicidad y se entregará
en franquicia la imagen de Juan Valdez, una vez se determine
su valor. Además, se estima que los diferentes cambios
en el esquema comercializador implicarán un ahorro
anual de $25 mil millones y en adelante sus costos correrán
por cuenta del productor.
Finalmente,
los proyectos relacionados, por ejemplo, con la modernización
de los beneficios, deberán ser ejecutados directamente
por los caficultores utilizando la vía de los recursos
ordinarios (compitiendo para ello con los demás cultivadores)
ofrecidos por el Minagricultura. Mientras esto sucede, a los
caficultores el Gobierno Nacional les entrega un claro mensaje
en el sentido de que atrás quedaron las épocas
de la condonación de deudas o de alivios significativos
de su cartera(2).
Café
y medio ambiente
Por
otra parte, el propósito de recuperar, proteger y cuidar
el medio ambiente y lo que este significa para el bienestar
de los caficultores y las zonas que habitan, también
se verá seriamente obstaculizado con la profundización
de la crisis. Ya se han recortado drásticamente los
recursos del Fondo para la Recuperación del Medio Ambiente
(creado desde 1990), es decir, del instrumento encargado del
cumplimiento de, al menos, los siguientes objetivos:
1.
Propiciar y estimular la organización de la
comunidad para su activa participación en el uso, manejo
y conservación de los recursos naturales;
2.
Proteger los recursos naturales que existen en la zona cafetera
para mantener su nivel de productividad y evitar la contaminación
de las aguas con su sedimento;
3.
Proteger y recuperar la cobertura vegetal de los nacimientos
de las fuentes de agua y de las márgenes de las mismas,
para garantizar agua en cantidad, en forma sostenible;
4.
Fomentar y apoyar la construcción de obras de infraestructura
complementarias con prácticas adecuadas, para la descontaminación
de aguas para el consumo humano, y
5.
Defender los bosques naturales, las especies nativas y la
fauna.
A
partir de 2001 los programas(3) financiados con
recursos de este Fondo se suprimieron con las graves consecuencias
que ello acarrea para la sostenibilidad misma del cultivo
y para el medio ambiente de los municipios cafeteros, lo cual
implica para las autoridades locales redoblar esfuerzos en
esta materia.
La
broca y el Endosulfán
Por
si las anteriores consideraciones no fueran suficientes, ahora
en las regiones cultivadoras del grano se vive un intenso
debate acerca de los impactos que tendrá la aplicación
del reciente (23.04.01) fallo del Consejo de Estado suspendiendo
el uso del Endosulfán (Thiodan)(4) en todos
los cultivos, incluido el café.
Aunque
la decisión del alto tribunal fue apelada y se espera
que el trámite demore unos dos años, las posiciones
al respecto conforman un cuadro de alta complejidad(5).
Mientras por un lado están los cultivadores que consideran
que dicha prohibición los conduciría inevitablemente
a la ruina, pues el control integrado de la broca no les garantizaría
efectiva productividad ni competitividad, por el otro están
los grupos de ambientalistas para quienes ya se ha causado
un daño irreparable a muchos trabajadores y a los recursos
naturales con la aplicación del veneno como para continuar
autorizando su empleo. Adicionalmente se encuentran las posiciones
del Ministerio de Salud que desde el año 1995, en virtud
de una tutela fallada a favor por la Corte Suprema de Justicia,
se vio obligado a controlar y restringir el uso del insecticida(6),
y de la Federación de Cafeteros y de Cenicafé
para quienes el sistema más efectivo de control de
la broca es el manejo integrado, oponiéndose en consecuencia
a la utilización de insecticidas categoría I
(de alto riesgo) como el Endosulfán.
Por
supuesto, a las posiciones anteriores debe añadirse
la del laboratorio franco-alemán Aventis CropScience,
empresa productora, para quien
"el
fallo afectaría un mercado anual de exportaciones
para América Latina de US$60 millones, de los cuales
US$1 millón corresponden a Colombia"(7).
Entre
tanto, quienes insisten en sobreponer los intereses económicos
a costa del medio ambiente y la salud de los trabajadores,
han buscado sus propios métodos de presión,
han organizado marchas callejeras y han enviado sus propios
pliegos ante las autoridades nacionales reclamando que les
dejen utilizar el Endosulfán, pues -en su criterio-
con un adecuado manejo una capacitación a los trabajadores
no tendría porqué presentarse ningún
tipo de enfermedad(8).
Por
su parte, quienes antagonizan con dicha posición se
preguntan: "quién indemnizará a los intoxicados
y a las familias víctimas del Endosulfán? Consideramos
que la responsabilidad es de los fabricantes y de
los grandes caficultores que lo utilizaron, poniendo en peligro
la salud y la vida de sus trabajadores"(9).
Así
pues, además de los problemas propios de la crisis
de precios internacionales que mantienen en vilo el futuro
de las familias cafeteras, en la región se enfrentan
los debates jurídico-políticos y éticos
derivados de la aplicación de un tóxico que
durante nueve años ha probado su efectividad en el
control de la broca pero a grandes costos sociales en la salud
de los trabajadores y de sus familias. En este debate, curiosamente,
brilla por su ausencia la posición oficial del Minambiente.
El
conocimiento y la investigación también
resultarán lesionados
Además
de las cooperativas y del Fondo Ambiental, en medio de la
crisis cafetera otras instituciones corren grave peligro de
desaparecer y algunas de ellas se encuentran en franco proceso
de liquidación, con profundas implicaciones para unos
municipios y departamentos que deben a ellas gran parte de
su infraestructura, equipamientos y servicios sociales.
Así
por ejemplo, aunque pocos se ocupan de este tema, el conocimiento
de la producción cafetera resultará altamente
lesionado con la decisión de la Federación de
disminuir, al máximo, los programas de investigación
de Cenicafé, sin que las universidades regionales o
los consejos departamentales de Ciencia y Tecnología
se encuentren suficientemente preparadas para sustituir esa
función. Si a los problemas propios de los precios
del grano, se le agrega el eventual desmantelamiento de Cenicafé
es seguro que se profundizará la crisis y contaremos
con menores posibilidades para asumir los retos de la productividad,
las tecnologías limpias o la biodiversidad.
Los
resultados de los trabajos de investigación de Cenicafé
representan, sin duda, una parte sustantiva del patrimonio
cultural y del saber acerca de la industria cafetera colombiana.
Detrás de esta institución está el esfuerzo
de decenas de investigadores que progresivamente han acumulado
un conocimiento del medio ambiente y de las diferentes fases
y procesos de la producción cafetera. Los resultados
de sus investigaciones no sólo han permitido enfrentar
grandes desafíos a los productores, sino que han tenido
el respaldo de la comunidad científica internacional
que se ha expresado en diferentes premios y reconocimientos.
La
forma como se afectará esta respetable entidad debería
motivar un SOS entre la comunidad científica nacional.
En particular de este asunto deberían estarse ocupando,
desde ya, las universidades públicas de la región
y sus centros de investigaciones. Los lazos que desde tiempo
atrás han vinculado estas universidades con la Federación
deberían ahora posibilitar un entendimiento para garantizar
la sostenibilidad de los proyectos de investigación
requeridos para la economía, la sociedad y el medio
ambiente en la zona cafetera.
Una
situación similar se presenta con los denominados centros
de preparación. Es altamente probable que ellos
también terminen seriamente afectados con los recortes
presupuestales acordados en el Congreso Cafetero. La importancia
de estos centros reside en que tienen como objetivo capacitar
y asesorar gratuitamente a las personas e instituciones interesadas
en ampliar o reforzar sus conocimientos culturales del café,
en los temas relacionados con sus procesos, la correcta preparación
de la bebida y sus posibilidades de consumo.
| ...
una parte importante de la discusión acerca de
la política cafetera se ha centrado en los últimos
años en porqué los colombianos no damos
el salto para producir un mayor valor agregado alrededor
de la economía cafetera y seguimos exportando este
producto en bultos a la manera tradicional.
|
Es
claro que en este caso, igualmente se trata de una institución
en la que se tienen de por medio asuntos del saber y del conocimiento.
La pregunta es: si desaparecen estos centros, quién
entrará a asumir su función ¿Quién
financiaría sus actividades?
Ahora
bien, una parte importante de la discusión acerca de
la política cafetera se ha centrado en los últimos
años en porqué los colombianos no damos el salto
para producir un mayor valor agregado alrededor de la economía
cafetera y seguimos exportando este producto en bultos a la
manera tradicional.
El
café liofilizado
Con
la crisis se ha colocado en entredicho, así mismo,
el respaldo institucional de la Federación a la fábrica
de café liofilizado empresa que opera en Chinchiná
desde 1973 y cuya producción anual es se acerca a las
8 mil toneladas de café. No se descarta que, como producto
de los recortes presupuestales, se frustren la comercialización
de este tipo de café con países como Inglaterra,
Polonia, Japón o los EE.UU.
Técnicamente
la liofilización es un proceso de secado por sublimación,
es decir, el paso de una sustancia, como el agua, de su estado
sólido a su estado gaseoso sin pasar por su estado
líquido. La sustancia es evaporada mediante la aplicación
de temperatura y vacío cuando ha sido previamente congelada.
La virtud de un producto liofilizado es que al ponerse en
contacto nuevamente con el líquido o sea la sustancia
sublimada, el producto recupera todas las características
físicas, de aroma y sabor que poseía antes de
ser liofilizado, con la ventaja de que la liofilización
permite que el producto pueda ser almacenado por largos períodos
sin deteriorarse.
Haber
conseguido no solamente el conocimiento indispensable para
liofilizar el café, sino también para abrir
cada vez más un espacio comercial internacional es
un esfuerzo que se podría frustrar si la fábrica
en Chinchiná pierde los respaldos institucionales
y queda a merced de los especuladores financieros.
Complementariamente
habría que decir que en esta discusión vuelve
a surgir el tema de la calidad del café colombiano
y sus relativas ventajas en el mercado internacional. La ventaja
tradicional, cimentada en la mejor calidad de nuestro grano,
está siendo rápidamente erosionada por la utilización
de nuevas mezclas en el mercado europeo y por el mismo deterioro
de la calidad de nuestra producción, que cada vez es
menos homogénea y presenta rastros de químicos
que naturalmente hacen inviable el cobro de la prima tradicional
por calidad, lo cual confirma, una vez más, la necesidad
de incorporar la dimensión ambiental en los procesos
de producción.
Algunos
observadores insisten en que en el futuro se consumirán,
no cafés homogéneos promocionados como `Café
de Colombia', sino cafés de regiones muy específicas,
e incluso de ciertas fincas, que logren establecer altos estándares
de calidad para sus productos. Esta justificada advertencia
genera entonces nuevas responsabilidades para las autoridades
cafeteras locales y departamentales capaces de comprometerse
con calidades y metas anuales específicas.
| La
regulación de la economía cafetera es un
propósito inalcanzable mientras en los escenarios
internacionales se imponga la globalización neoliberal
y se disponga de productores -caso Vietnam- con rangos
salariales mucho más bajos que los colombianos.
|
En
esta forma, en una perspectiva de mediano plazo es claro que
los graves problemas que hoy enfrenta la economía y
la institucionalidad cafetera colombiana no podrán
ser resueltos si, a los necesarios ajustes de la política
económica, no se suman firmes decisiones para proteger
y fortalecer aquellas entidades y procesos encaminados a conseguir
un mayor y mejor conocimiento de la producción cafetera
y su entorno.
Políticas
de producción y
comercialización
Según
las nuevas políticas, no se dispone de recursos para
incentivos destinados a la renovación de cafetales,
con lo cual queda en entredicho la política que se
había adoptado un par de años antes y que estaba
destinada a garantizar el incremento de la producción.
Una
parte importante de los problemas de la calidad del café
colombiano se asocia a la edad promedio de los cafetales y
si los productores no reciben los estímulos para renovar
periódicamente sus árboles, es inevitable que
en un corto tiempo (no más de cinco años) en
el país sólo se pueda disponer de una producción
envejecida que va a contar con serias dificultades para su
comercialización externa.
De
igual forma, los delegados al Congreso volvieron a autorizar
la política de retención cafetera. La Federación
espera que con una retención como la prevista, el nivel
de inventarios de los importadores regrese a 10 millones de
sacos. No obstante, "en el largo plazo, no basta retener
café, se requieren mecanismos que permitan equilibrar
la oferta y la demanda mundial", señaló
Jorge Cárdenas en su informe anual. Este asunto de
la retención es realmente más complejo de lo
que muchos imaginan y además de los imperativos del
mercado propiamente dicho, algunos se preguntan por la real
capacidad de la gran mayoría de los países (todos
necesitados de divisas) para guardar café y asumir
los costos de la operación.
En
la reunión celebrada en Londres en enero de 2001, se
logró que 15 países que controlan el 85% de
la producción mundial ratificaran los lineamientos
del sistema de retención y que naciones como la India,
Indonesia y México entraran en la misma política
dirigida a la búsqueda de la reactivación del
precio internacional. No obstante, contra todo lo esperado,
tres meses después de suscrito este acuerdo no solamente
el precio no se ha elevado, sino que ha reportado para Colombia
los niveles reales más bajos de su historia (63 centavos
de dólar por libra en el año 2001 significa
menos de lo que conseguíamos por ese mismo producto
hace 30 años).
El
repaso que aquí hemos hecho de las distintas alternativas
confirman un complejo escenario futuro. Cada vez se vuelve
más difícil poder definir a qué le está
apostando el país con la política cafetera.
Incluso, no faltan quienes todavía esperan lo mismo
que está pasando con el petróleo: que se pueda
restaurar el Pacto Internacional del Café y volvamos
al pasado de las cuotas y los precios altos, sin admitir que
algo va del café al petróleo y que las posibilidades
políticas de presión de uno y otro producto
en el mercado mundial son completamente diferentes.
Todo
indica que las épocas de un Pacto Cafetero como el
que existía antes de 1989 parecen superadas. La regulación
de la economía cafetera es un propósito inalcanzable
mientras en los escenarios internacionales se imponga la globalización
neoliberal y se disponga de productores -caso Vietnam- con
rangos salariales mucho más bajos que los colombianos.
Con
excepción de las obras de reconstrucción rural
en aquellos municipios afectados por el sismo de 1999, la
inversión pública en la zona cafetera colombiana
está prácticamente paralizada y mientras los
equipamientos y la infraestructura existente empieza a deteriorarse,
los nuevos proyectos en materia de salud, educación,
vías o energía
hacen largas filas a la espera de un incierto financiamiento
por parte del Estado. Paradójicamente esto sucede en
el momento en que la reconstrucción rural gerenciada
por la Federación está prácticamente
terminada y ahora se cuenta en estos municipios con viviendas
rurales menos vulnerables, mayores beneficiaderos ecológicos
y una mejor infraestructura vial.
La
compra de la cosecha, la prioridad
Es
evidente, pues, la necesidad de revisar a fondo todos los
instrumentos de la política cafetera y adaptarlos a
las nuevas exigencias. La magnitud del problema se evidencia
al recordar que ahora la prioridad es poder garantizar la
compra de la cosecha y ya no el precio de sustentación
que permitió levantar todo el andamiaje histórico
de la institucionalidad cafetera. Pero otros retos son la
productividad y la calidad del grano, lo cual debe complementarse
con una política de comercialización ágil
y competitiva que salga al paso del interés de los
exportadores privados por suprimir las funciones comerciales
de la Federación y que, simultáneamente, ofrezca
garantías a la actividad exportadora de las cooperativas.
Estas y otras tareas suponen, por supuesto, defender la refinanciación
del Fondo Nacional del Café sobre la base de nuevas
y transparentes reglas del juego.
Aquí
la dificultad política consiste en que los programas
que ahora no tienen financiación son, justamente, los
que le habían mantenido una gran credibilidad pública
a los Comités y le permitieron granjearse las simpatías
de las familias y los gobernantes de los municipios cafeteros.
Atrás quedaron las épocas en las que con cargo
a recursos del FNC o, incluso con cargo al propio presupuesto
nacional, se adoptaban diferentes medidas (subsidios, reducción
de intereses, ampliación de plazos) para aliviar las
deudas de pequeños y medianos cafeteros.
A
sabiendas de que se trata de medidas parciales, pero conciente
de la importancia política de su presentación,
el Minhacienda expresó ante el Congreso Cafetero de
2000 que el gremio tendría específicas ventajas
de orden tributario:
«Ustedes
le solicitaron al Presidente que no gravara los insumos
como los abonos, fungicidas y plaguicidas que aparecían
gravados en la propuesta de reforma tributaria original.
Como respuesta a esta solicitud gremial, quiero comunicarles
que estos insumos seguirán exentos del impuesto del
IVA. Adicionalmente, se mantienen las exenciones vigentes
en el marco de Ley Quimbaya»,
les
dijo Juan Manuel Santos a los participantes y simultáneamente
les advirtió que la crisis fiscal del Estado colombiano
es de tales magnitudes que en el presupuesto nacional no está,
ni estará en el corto plazo, contemplada ninguna opción
para que el Gobierno asuma los programas que se han venido
ejecutando en las zonas cafeteras con cargo al Fondo Nacional
del Café. Sólo quedaría como eventual
fuente de financiación el propio presupuesto de departamentos
y municipios, pero de todos es conocida su propia limitación
estructural, máxime ahora que ha entrado en vigencia
la Ley 617, conocida como de saneamiento fiscal. Los $350
mil millones que se obtuvieron luego de grandes forcejeos
entre la cúpula de la Federación y el alto
gobierno, son para las vigencias presupuestales 2002-2004
tienen destinos muy específicos.
Lo
dicho indica, entonces, que los términos del debate
no son nada simples y queda claro que de por medio está
la suerte de la región cafetera y con ella, en gran
medida, el futuro de la estabilidad política nacional.
| ...ahora
las autoridades locales deberán enfrentar con sus
propios recursos una parte sustantiva de programas de
interés social y económico que antes podían
cofinanciar con los aportes de los comités municipales
de cafeteros.
|
Decisiones
y propuestas
En
2000, para enfrentar la crisis, una vez más el alto
Gobierno y la FNCC se habían inclinado por la designación
de una Comisión de notables. La idea era que los productores,
representados por la FNCC, los exportadores agrupados en Asoexport
y los industriales que procesan el grano, trabajaran alrededor
del Acuerdo de Competitividad para mantener viable buena
parte de las 870 mil hectáreas sembradas en café
(en 600 municipios y 450 mil familias vinculadas directamente
a la agroindustria más extendida del país) y
mantuvieran o mejoraran el ingreso que durante un siglo le
ha reportado significativas contribuciones al desarrollo nacional.
De
acuerdo con el Minhacienda, esta Comisión se ocuparía
de revisar estructuralmente el proceso: desde las variedades
que se van a sembrar, la mezcla de tierra de las bolsas donde
germinan las semillas, pasando por la densidad de siembra,
la ubicación de las plantaciones o la carta de propiedad
del suelo con su guía de fertilizaciones y riegos.
Lamentablemente allí no estaban representados de manera
auténtica los pequeños y medianos productores
siendo que ellos son, desde el punto de vista económico
y social, los actores más perjudicados con la crisis.
Además, el tema cafetero se seguía pensando
únicamente de manera gremial.
Se
configuraron de esta manera todos los ingredientes de un serio
problema de legitimidad y de representatividad. En efecto,
bien comprendidos, los asuntos cafeteros no pueden dejarse
exclusivamente a merced de la organización de los productores
o de los exportadores. Ellos trascienden la dimensión
gremial y se impone una lectura más estructural de
los mismos. La profundización de la crisis durante
2001 dejó sin mayores opciones el trabajo de la Comisión
y no se tardó mucho en asistir a diferentes enfrentamientos
que tuvieron su punto máximo cuando en septiembre de
este año el Presidente Pastrana solicitó públicamente
la renovación de la dirigencia cafetera, en una clara
alusión a sus desencuentros con Jorge Cárdenas,
el Gerente de la Federación.
Bajo
estas consideraciones, es de prever que en el futuro inmediato
se asista a proceso de creciente inestabilidad política
y se continúe estrechando el margen de presencia y
legitimidad de la FNCC. Este será, a mi juicio, el
escenario en el que trabajarán las alcaldías
y gobernaciones que posesionadas en 2001 en la región
cafetera colombiana. Ahora existen menores condiciones para
la incorporación de los temas propios del desarrollo
integral cafetero en los programas políticos ofrecidos
por las diferentes campañas electorales. O, lo que
es lo mismo, ahora las autoridades locales deberán
enfrentar con sus propios recursos una parte sustantiva de
programas de interés social y económico que
antes podían cofinanciar con los aportes de los comités
municipales de cafeteros.
Aquella
estrategia de peso a peso(10) que le facilitó
a los municipios cafeteros el haber construido la mayor y
mejor infraestructura y equipamiento rural del país,
comienza a ser un asunto del pasado y ahora las alcaldías
tendrán que encontrar nuevas fuentes de cofinanciación
de sus programas para suplir el vacío que deja la FNCC.
En
este terreno parte del drama que viven las autoridades locales
y departamentales consiste en que las partes sustanciales
de la política cafetera escapan realmente a su gobernabilidad
y sus invocaciones ante el Gobierno Nacional para que se decrete
la Emergencia Económica en la zona cafetera se tropiezan
con la realidad de una región que ahora cuenta con
la Ley Quimbaya y que acaba de recibir la mayor inversión
pública de toda su historia para atender los proyectos
de la reconstrucción urbana y rural. No se olvide que
los decretos que dieron origen a estos recursos partieron
de declarar
nuestra región en emergencia económica, social
y, por primera vez en nuestra historia, emergencia ecológica.
Aceptando
entones que efectivamente los problemas de los cafeteros trascienden
la jurisdicción del gremio, se requiere una nueva forma
de concertación entre la sociedad civil y el Estado
para fortalecer la dimensión participativa de los planes
locales y departamentales de desarrollo de tal manera que
se obtengan los acuerdos necesarios y los mandatarios locales
y seccionales respondan con eficacia a las nuevas demandas
de la realidad económica y social de la región
cafetera. Estos planes deberían transformarse en auténticas
agendas ciudadanas en las que autoridades locales, productores
cafeteros y comunidad en general sumen esfuerzos, definan
metas comunes y compartan propósitos que permitan avanzar
hacia una política cafetera democrática y moderna.
Para
avanzar en tal dirección, las Umatas municipales, organismos
de asesoría campesina, deben fortalecerse institucionalmente
y levantar en cada una de sus jurisdicciones las fichas técnicas
de los predios rurales y los indicadores sociales de desarrollo,
con el objeto de diseñar los programas agroindustriales
del lugar, y consolidar las estrategias sociales de la política
municipal rural.
Es
preciso pues aprovechar las opciones institucionales para
la planificación municipal y departamental convocando,
una vez más, los consejos territoriales de planeación
y los consejos municipales de desarrollo rural para que sirvan
de escenario participativo de discusión y, en concertación
con las organizaciones de cafeteros, recomienden medidas
para que la acción y los recursos privados y públicos
se coloquen con grandeza al servicio de la ciudadanía,
la democracia y el desarrollo.
Así
pues, al lado de los nexos vitales que deben establecerse
entre los recientemente aprobados planes de ordenamiento territorial
y las propuestas de la planificación local del desarrollo,
es menester consolidar una política pública
acerca tanto del uso del suelo rural, como de las apuestas
específicas que en cada municipio se adoptarán
para trabajar en los frentes de la seguridad alimentaria,
en la producción agropecuaria general destinada al
mercado y en el manejo y protección de los recursos
naturales.
De
igual manera, el proceso requiere facilitar la búsqueda
de consensos públicos para que en cada municipio cafetero
se realice una apropiación colectiva acerca de la mejor
manera de garantizar el uso adecuado de los recursos naturales
y la perspectiva de un medio ambiente sano, lo cual supone
una amplia deliberación acerca del necesario convenio
institucional para transitar el camino de una producción
cafetera limpia.
De
otro lado, es indispensable que las fuerzas y partidos políticos
incorporen en su agenda un capítulo destinado a aportar
soluciones para enfrentar la crisis cafetera más allá
de las bondades que en materia de excenciones tributarias
y otras garantías económicas trae incorporada
la Ley Quimbaya que rige para los 28 municipios afectados
por el sismo.
Más
ampliamente, la política cafetera que el país
reclama debe estar en condiciones de enfrentar unos competidores
cada vez más eficientes y unos consumidores cada vez
más exigentes pero, simultáneamente, garantizar
a las familias productoras un mejor nivel de vida y a los
municipios cafeteros la preservación de sus recursos
naturales y un medio ambiente sano. Muy seguramente lo uno
y lo otro servirán para impedir que en la región
escale el conflicto armado y se resuelvan pacíficamente
los conflictos.
| ...
es menester consolidar una política pública
acerca tanto del uso del suelo rural, como de las apuestas
específicas que en cada municipio se adoptarán
para trabajar en los frentes de la seguridad alimentaria...
|
En
esta forma, haciendo de los problemas cafeteros una preocupación
pública y concertando la adopción de políticas
que trasciendan el interés meramente gremial, es posible
que el país encuentre la ruta adecuada para reconvertir
la producción cafetera y dotarse de una institucionalidad
acorde con los desafíos y condiciones propios del siglo
XXI.
"Colombia
es café, o no es", se decía hasta 1980
cuando las exportaciones cafeteras representaban el 60% del
total de las exportaciones. Pero hoy las cosas han cambiado
y la actividad cafetera ha dejado de tener la importancia
estratégica de otras épocas, lo cual no significa,
por supuesto, que no tenga un vital interés para no
menos de tres millones de personas distribuídas en
más de la mitad de municipios.
En
conclusión, estamos frente a una crisis de naturaleza
estructural y la región necesita estrategias de desarrollo
que no dependan exclusivamente del café. Por consiguiente,
hoy se reclama una nueva manera de entender la competitividad
en los municipios cafeteros y un apoyo al sistema regional
de innovación, lo mismo que la adopción de una
visión colectiva y compartida de lo que en el futuro
puede legar a tener la actividad cafetera, pero admitiendo
que en estos departamentos el desarrollo ya no pasará
exclusivamente por la producción y comercialización
del grano.
Anexo:
Colombia. Síntesis de indicadores cafeteros
|
PRODUCCION
|
VALOR
|
|
Hectáreas
en café
|
|
1970-79
(prom)
|
1.070.000
|
|
1990-00
(prom)
|
805.000
|
|
Fincas
cafeteras
|
|
1970-79
(prom)
|
302.945
|
|
1990-00
(prom)
|
566.230
|
|
Producción
|
|
1970-79
(prom)
|
12.1
mill. Sacos 60K
|
|
1990-00
(prom)
|
12.7
mill. Sacos 60K
|
|
Productividad
|
|
1970-79
(prom)
|
8
sacos 60K / ha.
|
|
1990-00
(prom)
|
16
sacos 60K / ha.
|
|
Participación
en el PIB total
|
|
1970-79
(prom)
|
7.3
% |
|
1990-00
(prom)
|
4.4
% |
| Inventarios
mundiales 2001 |
22
mill. sacos de 60 K
|
| Producción
mundial 2001 |
112
mill. sacos de 60 K
|
|
Consumo
interno
|
|
1970-79
(prom)
|
1.4
mill. Sacos 60K
|
|
1990-00
(prom)
|
1.5
mill. Sacos 60K
|
|
Exportación
|
|
1970-79
(prom)
|
10.2
mill. Sacos 60K
|
|
1990-00
(prom)
|
11.8
mill. Sacos 60K
|
|
Valor
exportaciones
|
|
1970-79
(prom)
|
US
$ 1.854 millones
|
|
1990-00
(prom)
|
US
$ 1.661 millones
|
|
Exportaciones
cafeteras / total exp.
|
|
1970-79
(prom)
|
57
%
|
|
1990-00
(prom)
|
17
%
|
|
Precio
externo
|
|
1980-89
(prom)
|
US
$ 1.51
|
|
1990-00
(prom)
|
US
$ 1.21
|
|
Precio
interno (valor const)
|
|
1989
|
$
554.000
|
|
2001
|
$
280.000
|
|
Activos
del Fonto (US $ mill.)
|
|
1998
|
US
$ 1.500
|
|
2001
|
US
$ 600
|
