Los derechos humanos
y la violencia
Gustavo Guarín Medina
Profesor asistente de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira, Magister en Historia de la Universidad Externado de Colombia.

Resumen
Los Derechos Humanos en la historia colombiana, han recorrido un difícil camino en su construcción por los constantes obstáculos puestos por las elites hegemónicas. Desde La Independencia hasta hoy, han sido objeto de violación constante aún con su consagración jurídica y política, y por ende, el tratamiento inhumano quebranta cualquier posibilidad de pacto social y la consolidación de un verdadero Estado de Derecho.

Palabras claves: Estado de derecho, derechos humanos y violencia.

Abstract
Human rights, in Colombian history, have transited a difficult path in their construction for the constants obstacles put by the hegemonic elites. Since Independency until today, they have been constantly violated even though their juridical and political declaration, and therefore, the inhuman treatment that breaks any possibility for a social pact and the true consolidation of a State of law.

Key words: State of law, human rights and violence.

¡Oh!, ¡suprema libertad del Dios Padre!
¡Oh! ¡suprema y admirable felicidad del hombre
a quien está concedido obtener lo que desea,
ser lo que quiere!
Giovanni Pico Della Mirandola

Con la traducción de los Derechos del Hombre y del ciudadano de 1791, por Don Antonio Nariño en 1793, se inicia en la Nueva Granada la elaboración de los conceptos de derecho y de ciudadano, inexistentes bajo el absolutismo español y la tradición judeocristiana; recogidos de la postura de Hobbes y de Locke en el siglo XVII, autores que señalaban la existencia de unos dere-chos de los seres humanos anteriores al Estado, los cuales son incorporados en la constitución de Fhiladelphia en 1789 y en la declaración francesa de los Derechos Humanos, constituyentes esenciales del Estado de Derecho Occidental.

1. Antecedentes

Si bien, el derecho castellano protegía los derechos de propiedad y de las comunidades, al limitar los poderes del monarca por los fueros y derechos del pueblo y los estamentos, la noción de derechos individuales y por ende la de ciudadano se encontraban en proceso de construcción.

En la Europa de los siglos XI-XII, el espacio individual aparecía en realidad desdoblado, constituido por dos áreas distintas: una fija, cerrada en torno al hogar, vida privada; y otra desplazándose hacia el espacio público, no menos coherente, presentando en su seno las mismas jerarquías, reunidas por los mismos procedimientos de control. (Duby, 1990: 20) Surgen, en el espacio privado, los anhelos de autonomía personal en un momento en que la economía abre rutas, amplía mercados y las aldeas se transforman en ciudades; se despiertan las ambiciones y la frugalidad por la ganancia para depender menos de la familia, en aras de una mayor autonomía. La libertad, indispensable para empresas, requiere de elaboración y una nueva conceptuación a partir de la exploración de la conciencia del individuo, en la búsqueda de la autonomía personal, dueña de sus afectos y de su riqueza. El individualismo echó sus raíces, a partir de anacoretas que interrumpen la comunicación con los grupos, en la búsqueda de un ascenso espiritual; y el libre examen, singulariza la conciencia de la autoridad vertical del Papa y por ende la opción de reclamar derechos individuales y colectivos. La invención del sujeto, nace de la ruptura con los controles sociales de grupos familiares, en la proyección de la horizontalidad del poder y por ende a formas democráticas de relaciones y de tolerancia. El individuo, reclama para sí, los afectos, la imagen, la identidad, sus comportamientos y gobierno del cuerpo.

El camino, hacia la filosofía política liberal de los siglos XVII y XVIII, es allanado desde la vida privada que busca limitar y reducir el papel del Estado, en tanto que como individuos son sujetos de derechos que requieren protección. La formación de la burguesía, como clase y su mentalidad, con la que asume actitudes de racionalidad capitalista, la obliga a la institucionalización de un régimen de libertades, con las que crea las condiciones para el desarrollo de la libre empresa y el auge de las ciudades, como centros de todas las actividades comerciales y humanas, expanden su cultura a través de la modernidad. En cierto sentido, toda la cultura moderna es cultura de ciudades. (Romero, 1987: 20) El liberalismo impulsa las grandes reivindicaciones como el sufragio universal, libertad de expresión, de movilidad, de cultos y de conciencia. Sin embargo de su seno, con la industrialización, surge el conservadurismo liberal, autoritario, caracterizado represor de cualquier reclamo social

La ideología del laissez-faire, laissez-passer, abre el sendero hacia la globalización de la economía y la técnica, además de la cultura y de la política. Con ella, la mentalidad burguesa se ha universalizado y la soberanía del individuo vislumbra las fronteras de lo razonable. Sin embargo, el egoísmo lo obnubila, convertido en la antirazón que impide el crecimiento de la solidaridad como impulsor de nuevas construcciones sociales. El burgués es el corolario del individualismo posesivo y egoísta, descrito por Hobbes: un individuo que “naturalmente” carece de sociabilidad y que no adquiere más sociabilidad de la necesaria para mantener y preservar su propia persona y sus propiedades. (Camps, 1999: 175) Consolidada como ideología, obliga al burgués a asumir una postura como clase y a formular un tipo de Estado, capaz de garantizar los derechos de la libre empresa, en contra de los que no adquirieron su mentalidad; ciudadanos simples, trabajadores comunes y corrientes, a quienes la organización política no tiene más para brindarles que unos símbolos patrios, de nación desprotegida; en un mundo que separa arbitrariamente lo espiritual de la praxis. (Marcuse, 1978: 50)

Sobre estos principios se yergue victorioso el Estado de derecho burgués y de cuyo seno emergieron los Derechos Humanos. Sin embargo, el protago-nismo del Estado lo conduce al desconocimiento del Estado social de Derecho, de la diversidad cultural; a universalizar el concepto de pueblo, a establecer una uniformidad frente a la ley, manipulable y manipulada por los ejes del poder, mediante practicas autoritarias y clientelistas, alejado de los verdaderos intereses de las diferentes comunidades que conforman la realidad social. El Estado acabado es por su esencia la vida genérica del hombre por oposición a su vida material. (Marx, 1992: 44)

El recorrido histórico, grosso modo, de los fundamentos del Estado de Derecho en el viejo continente, obliga a una mirada del mismo para los neogranadinos inicialmente y después a los colombianos como un recorrido álgido en la formación del Estado Nacional y en la construcción de la democracia.

2. La lucha por los derechos

La Rebelión Comunera de 1.781, inauguró el espectro de conflictos que aún hoy avergüenzan a la sociedad colombiana, en un ya largo proceso histórico de búsqueda de un proyecto político, capaz de converger en un pacto que aglutine la diversidad social del país. Desde La Independencia, las elites colombianas, se han transado en franca lid por aglutinar e imponer un tipo de Estado, excluyente y autoritario, a través de los partidos políticos. La postura hegemónica de los partidos liberal y conservador, condujeron a las numerosas guerras civiles del siglo XIX y a la Violencia del siglo XX, que culminaron con el pacto bipartidista del Frente Nacional como proyecto político de clase dominante sin que pudiera resolver la crisis institucional y social, agudizada por nuevos actores violentos.

En efecto, Las Capitulaciones contienen elementos ideológicos jurídico-políticos olvidados por el fracaso del evento histórico. Indudablemente fue una Rebelión, al no alcanzar una concepción nueva y coherente del orden social y político. Sin embargo, su reacción al implante de elementos moderno en la economía y la política, conducen al cuestionamiento de formas de autoridad monárquica; a la lucha por las reivindicaciones ancestrales de los indígenas, al rechazo de los privilegios del clero y a la negativa de la manipulación de las leyes. Recogen la patología de una sociedad ansiosa de cambios, en la que lo humano ocupe en derecho, el espacio de una verdadera democracia. Para ello, Las Capitulaciones contienen la idea de libertad comunitaria que garantiza el bien común, la participación de los estamentos sociales en la vida socio-económica y administrativa del Estado, y la igualdad jurídica y social. Ellas son la resultante de anhelos de libertad como consecuencia lógica de la violación sistemática de la dignidad humana del indio, del negro y del mestizo.

Formas de sometimiento coercitivos, desde La Colonia han estado presentes en la cotidianidad del pueblo colombiano. El conocimiento por los neogranadinos de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, crea un nivel de conciencia para sí, de sectores marginados tanto por las clases pudientes. Y, como tal, convertidos en la bandera libertaria de La Independencia, incluidos como principios en las constituciones republicanas que se aprobaron en la Primera República Granadina entre los años 1811 y 1813. (Ocampo, 1983: 207) Los argumentos emancipatorios crecieron en la pluma precursora de Don Antonio Nariño, publicado en el suplemento de La Bagatela N° 5, del 11 de agosto de 1815, citado por Ocampo, p. 276:

Ya no somos colonos; pero no podemos pronunciar la palabra libertad sin ser insurgentes. Advertid que hay un diccionario para la España Europea, y otro para la España Americana: en aquélla las palabras Libertad, Independencia, son virtud; en esta, insurrección y crimen: en aquélla la conquista es el mayor atentado de Bonaparte; en ésta la gloria de Fernando e Isabel; en aquélla la libertad de comercio es un derecho de la Nación; en ésta una ingratitud contra quatro comerciantes de Cádiz.

La generación prócer, al vislumbrar las opciones de libertad, emprende la lucha contra la monarquía, involucrando a indios, negros y mestizos, quienes sufrirían los efectos de la Reconquista española, al ser ajusticiados y expuestos al escarnio público los adalides. El régimen, indiscriminadamente reprimió y violó los más elementales derechos.

La fundación de La República, no generó un clima adecuado al tratamiento de los Derechos Humanos. A pesar de la abolición de los resguardos indígenas y de los censos en 1850 y de la esclavitud, en enero de 1851, los ex esclavos, indígenas y peones mantuvieron su dependencia del hacendado, quien pagaba en especie o minúsculos salarios el trabajo. Gracias a la lealtad, el patrón aseguraba mano de obra y con el afianzamiento de los partidos políticos, una clientela electoral que le mantenía vigente en el ejercicio del poder político, y le aseguraba la búsqueda de un soporte económico sólido que lo consolidara como minoría dominante.

Las élites decimonónicas, se encontraron con el auge del comercio internacional, como vía que les ofrecía las opciones económicas para su vinculación al capitalismo periférico. Dadas las condiciones de atraso heredadas de la colonia, la fórmula más viable ante la ausencia de capitales y la abundancia de materias primas, era la producción-especulación, la cual requería, ninguna o sólo una baja inversión para su extracción. Formas adecuadas, al legado de una cultura servil, avalaron formas de explotación y de violación de los mínimos derechos de los trabajadores. El proceso que estuvo caracterizado períodos productivos de bonanzas de tabaco, añil, cueros, oro, plata, quina, etc., débil articulación al mercado mundial, escaso mercado interno, y de un deformado espíritu capitalista puesto que se trataba de un empresario diversificado en sus inversiones, que combinaba las oportunidades generadas por el comercio con las que presentaba el incipiente mercado crediticio y las actividades productivas o extractivas. (Safford, 1977: 24).

3. Violencias

Para el siglo XIX, la colonización antioqueña, el evento socio-económico de mayor impacto en la historia económica y política del país, en el camino hacia la modernización, le posibilita a la naciente burguesía, a través del café, un producto estable que la vincule con el mercado internacional y le facilite la creación del capital del que carece. Para ello, cuenta con una anárquica política de baldíos y una migración interna de colonos, movida por las expectativas de tierras.

En efecto, desde mediados del siglo XIX, las élites gobernantes del Estado Soberano del Cauca ante la escasa población y las innumerables extensiones de sus baldíos, estimularon las migraciones antioqueñas y caucanas hacia norteña frontera del Quindío que separaba los dos Estados. Oleadas de colonos llegan motivados inicialmente por la producción aurífera, después por los cultivos de pan coger y de café, sobre los que recaerían más tarde las ambiciones de los avisados empresarios de tierras que estimularan procesos de comercialización y de valorización de tierras. (Valencia, 1993: 56). Pronto, las Compañías de Tierras como Burila, González, Salazar y Cía., Aranzazu, Pereira Gamba, etc., la emprendieron contra los colonos, mediante acciones violentas para despojarlos de sus tierras con las mejoras que incluían la siembra de cafetos. Los terratenientes, idean leoninos contratos con aparceros y se valen de artimañas jurídicas sobre la propiedad de la tierra o comerciales sobre los cafetos en producción y el desalojo constante de colonos. Para ello se recurrió a requiebros jurídicos, intimidaciones y compras de plantaciones cafeteras en producción. Tales compras estaban reguladas por la ley y bajo los términos de dichos acuerdos, el colono renunciaba a todo reclamo legal sobre la tierra, dejando al comprador en libertad de buscar la futura adjudicación del baldío como si él lo hubiese cultivado. (Bergquist, 1.981: 33). El precio por cafeto oscilaba entre 50 y 20 centavos según las facilidades o dificultades para su puesta en el mercado e incluía la cosecha, la choza y los productos de pan coger.

La consolidación cafetera, a finales del siglo XIX, sienta unas bases más sólidas en la construcción de la economía nacional que permite mayor estabilidad de la moneda, aumento de la red ferroviaria en los sitios de producción, apertura al capital extranjero y posibilidades del desarrollo industrial. La colonización antioqueña, amplió la frontera agrícola por el auge de la aparcería y la mediana propiedad. El cultivo del café invade las vertientes oriental y occidental de la cordillera Central y una acuciosa masa de labriegos y aparceros cultivan la tierra y fundan pueblos. El café consolida unas estructuras productivas bajo diferentes relaciones de producción en cada una de las regiones. Los cambios técnicos en el beneficio del café consolidan la economía hacia mediados del siglo XX. En este proceso, juega un papel relevante, el grado de movilidad que poseía la mano de obra respecto del hacendado. Este era una modelo avanzado de aparcería, en comparación con los vistos para el tabaco, la mano de obra en otras regiones y diferentes productos al café, ya que los partícipes tenían plena libertad de organizar la producción y mercadearla, sin estar obligados a adquirir sus vituallas en la misma hacienda. Gozaban de suficiente independencia como para contratar a personal adicional, lo que acerca a este aparcero a la categoría de patrón (Kalmanovitz, 1.985: 185). La parcela permitía la siembra de café, de maíz, fríjol, plátano y yuca, estimulada por los hacendados y la iglesia, con lo cual se permite un mejor sustento para las familias además de la cría de cerdos destinados a la comercialización con las ciudades lejanas. El cerdo cumplía dos funciones: una de prodigar alimento y grasa y otra una reserva en dinero (ahorro). La colonización antioqueña involucra a grupos familiares. Familias pobres y modestas lograron sobrevivir en la frontera: algunas de ellas hasta lograron prosperidad, pese a la presencia de las mejores familias. No obstante aunque hubo alguna posibilidad de movilidad social, las oportunidades frecuentemente estaban bastante circunscritas a la minoría. Las mejores familias dominaron la vida social y política de la frontera (Chirstie, 1.986: 47).

4. Derecho y violencia

Derivada de una pésima política de baldíos, durante el siglo XIX, la situación de la tierra hacia los años treinta del siglo XX, había agudizado los conflictos entre campesinos pobres, peones e indígenas y terratenientes. Existían fuertes enfrentamientos en los departamentos del Tolima y Cundinamarca, generalizados al resto del país en las décadas siguientes, como diferentes violencias. Los campesinos abrían las luchas por las reivindicaciones como el alza de salarios, el derecho de los colonos por sembrar café en la parcela que ocupaba y de los indígenas, encabezados por Quintín Lame, para conservar los resguardos. Los terratenientes se oponían a la pérdida de la sujeción y de la escasa mano de obra por el impacto del capitalismo, en una sociedad agraria en la que surgían organizaciones sindicales. Como evento, tendiente a disminuir el conflicto, emerge la ley 200 de tierras en la primera administración López Pumarejo que incluyó la función social de la propiedad en la reforma constitucional del 36. Elaborado el argumento jurídico, se presume de hecho, que quien posee y explota la tierra, es su propietario nacida de la disposición por el usufructo del bien; y, aunque se demuestre lo contrario, de todos modos tiene derecho al reconocimiento del trabajo invertido en las mejoras. De modo que quien realiza sobre un espacio actos positivos de labor y explotación y por ende, actúa como dueño se reputa como tal. Este mecanismo legal, impedía la expulsión de los colonos y campesinos, por parte de los terratenientes con escrituras fraudulentamente obtenidas, además, abría la posibilidad del retorno de los baldíos a poder del Estado, si no eran explotados en un término de diez años. La extinción de domino retornaba el bien a la calidad de baldío, adquirible cinco años de ocupación de buena fe. En realidad, el ambiente jurídico prodigaba las herramientas para la industrialización del campo y la modernización del país. Se requería sepultar el latifundio de raigambre colonial y las practicas de sujeción sobre la mano de obra. Sin embargo, el problema tierra sigue vigente. Las reformas no estaban dirigidas a una redistribución de ella por la vía estatal y a su democratización. Todo lo contrario, se consolidaron las extensiones de producción intensiva para abastecer la industria y desarrollar las exportaciones. El litigio continuó sobre las tierras cultivadas: a los aparceros arrendatarios no se les prorrogó el contrato para evitar cualquier reclamo posterior; a los campesinos y colonos se les desconocieron los mínimos derechos, violentándolos con el artificio partidista de liberales y conservadores. Esto propició un éxodo de campesinos pobres a los poblados. La hacienda fue convertida en extensas ganaderías y emergió el trabajador asalariado que engrosaría los cinturones de miseria urbana.

De hecho, la reacción de los terratenientes no se hizo esperar. Se organizaron los ataques al gobierno y a los campesinos por la vía bipartidista, puesto que los propietarios de tierras, pertenecían a los dos partidos. En efecto, el extenso período violento y de desconocimiento de cualquier derecho, probablemente se inició con la masacre de las bananeras, seguido del asesinato del líder liberal popular Jorge Eliécer Gaitán que “oficiaría” el desalojo y persecución forzada a colonos, campesinos y trabajadores, desde los años treinta, en una “guerra” fratricida bipartidista. La Violencia, para algunos una guerra civil no declarada, no fue más que la flagrante violación de los derechos humanos. Caciques y gamonales dispusieron de bandas liberales y conservadoras para el macabro papel del exterminio masivo del contrario, con la anuencia del Estado hegemónico y autoritario. Evento histórico al que se le pondría punto final con el Frente Nacional.

Sin embargo, la crisis no se resolvería y para enfrentarla, el Estado recurre a la figura casi perenne, del estado de sitio como una excepción al estado de derecho, consagrado en el artículo 121 de la constitución de 1.886, mediante el cual el presidente declaraba turbado el orden público y por lo tanto dotado de facultades para legislar. Por esta vía sale fortalecida la Justicia Penal Militar, enriquecida con la doctrina de Seguridad Nacional y el Estatuto de Seguridad Nacional, del período Turbay. En la constitución del 91, la figura es reemplazada por la de conmoción interior. El Estado, está dotado de herramientas jurídicas y policivas para enfrentar los peligros que la asechen, pero estas armas han sido utilizadas para reprimir las protestas sociales y a los políticos opositores. Las bandas, pájaros, paramilitares y sicarios, han sido alimentados desde los directorios políticos y los grupos de poder formados en cada una de las épocas de nuestra historia. La eliminación sistemática de los opositores al sistema, convertida en constante violación de los derechos humanos. Los lideres, como Gaitán, Pardo Leal, Pizarro, Galán, entre otros, hacen parte de la lista infinita de eliminados, incluyendo los militantes del M 19 y la Unión Patriótica, como la negación de cualquier asomo de espacio político y democrático.

Desde las primeras décadas del siglo XX, se urgían las reformas políticas o una nueva constitución, que facilitara el camino hacia una democracia y un sistema político capaz de resolver los innumerables problemas de la sociedad colombiana. En 1991, se promulga la nueva constitución que consagra en el Título II los derechos, las garantías y los deberes de los ciudadanos como elementos básicos de los derechos humanos. En efecto, dicho título contiene distinciones entre los derechos fundamentales, los socio-económicos y los colectivos.

En realidad, se consideran los derechos fundamentales individuales, no los colectivos. La razón nace de la ausencia de una cultura de los derechos humanos, por la inexistencia de espacios políticos que faciliten la confrontación ideológica razonable, conducente a la tolerancia y la aceptación del otro en todas las dimensiones humanas. Explicita, La Carta Magna del 91, los derechos civiles y políticos, de la persona, sociales y económicos y culturales, colectivos y de los pueblos, protección y aplicación de los derechos, deberes y obligaciones. Pareciera una guía práctica hacia la convivencia y el respeto a los derechos humanos, pero el conflicto social colombiano ha entrado en otra dimensión desde los setenta; nuevos actores se reparten un nuevo botín de guerra: la droga. Y los derechos humanos han encontrado nuevas formas violatorias: el sicariato, la desaparición forzada, los desplazados, los secuestrados, los lisiados, los huérfanos, las viudas, el deterioro del medio ambiente, en fin lo humano ausente... Y el Estado, se dirige hacia un neoconservadurismo empeñado en hacer la guerra para instaurar una paz que facilite el crecimiento capitalista y la administración racional. El déficit fiscal envió a miles de trabajadores a la calle, por su culpa se les viola el derecho humano al trabajo. La constitución del 91 está cayendo...

Conclusiones

La existencia de un verdadero Estado de Derecho que posibilite el funcionamiento de una democracia real, para el desarrollo de una cultura de tolerancia y aceptación del otro, y cuyo funcionamiento político se soporte en la vigencia y respeto de los derechos humanos, en sociedades como la nuestra, es quimérica. El país ha trasegado una historia, atravesada por conflictos de control y sujeción, en la que el noble, el patrón, el cacique y el gamonal, se las han ideado para lapidar y explotar al trabajador. El Estado, inmisericorde a los clamores populares, ha defendido y puesto al lado de los detentadores del poder y de la fortuna. Ha cohonestado y violado, durante épocas aciagas de nuestra historia, los derechos básicos de la condición humana y se ha envuelto en un aura de debilidad que es e telón de fondo, tiene la “justicia” privada de los grupos poderosos, agentes de violencia y enemigos de los derechos humanos.

Bibliografía

BERGQUIST, Charles W. Café y conflicto en Colombia, 1886-1910: La guerra de los mil días: sus antecedentes y consecuencias. Medellín: Faes, 1981.
CAMPS, Victoria. Paradojas del individualismo. Barcelona: Editorial Crítica, 1999.
CHIRSTIE, Keíth, Oligarcas, Campesinos y política en Colombia. Bogotá: Ed. Universidad Nacional de Colombia, 1986.
KALMANOVITZ, Salomón, Economía y Nación. Bogotá: Ed Siglo XXI, 1985.
MARCUSE, Herbert. Cultura y sociedad. Buenos Aires: Editorial Sur, 1978.
MARX, Carlos. La cuestión judía. En: Argumentos, Nos. 28-29. Editorial Argumentos. Bogotá, 1992.
OCAMPO, López Javier. El proceso ideológico de la emancipación en Colombia. Bogotá: Ediciones Tercer Mundo, 1983.
ROMERO, José Luis. Estudio de la mentalidad Burguesa. Madrid: Alianza Editorial, 1987.
SAFFORD, Frank. Aspectos del siglo XIX en Colombia. Medellín: Ed. Hombre Nuevo, 1997.
VALENCIA, Llano Alonso. Empresarios y políticos en el Estado Soberano del Cauca. Universidad del Valle. Cali, 1993.