Quisieron los diversos actores de lo que podría llamarse el Sistema de Educación Superior Colombiano que fuera el Eje Cafetero el lugar para que deliberara su Segundo Congreso Nacional; ya desde Barranquilla, se había señalado esta tierra como el lugar de mayor probabilidad.
Le ha correspondido a la Corporación Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero -Alma Mater- ser la organizadora del evento como una muestra de confianza en el nobel organismo, el cual aspira a generar un nuevo modelo de integración para las universidades colombianas que rompiendo paradigmas busca fortalecer la academia a través de su inserción en los temas del desarrollo y de construcción de región.
Quisimos desde un comienzo imprimirle al Congreso una dimensión descentralizadora cuando pretendimos que deliberara de manera simultánea en las cuatro ciudades donde tienen asiento las universidades que originaron la Corporación, vale decir, Armenia, Ibagué Manizales y Pereira. Consideraciones posteriores nos condujeron a focalizar el evento en sólo dos de estas ciudades: Pereira y Armenia. Esperamos haber dejado una experiencia que le permita a esta y a otras regiones repotenciar su capacidad para ser anfitrionas de eventos de gran envergadura en un ambiente de equidad y participación.
No solamente es el Gobierno el que debe replantear su manera de encarar la Educación Superior, las instituciones, las comunidades académicas y la misma sociedad deben formularse replanteamientos a fondo. Este Congreso ha sido rico en propuestas que deben converger en un plan de desarrollo que comprometa a todas las partes, que sea medible y verificable, dotándolo de indicadores, metas y mecanismos de seguimiento.
Por ello hemos invitado a los candidatos a la Presidencia de la República aprovechando la coincidencia con el período electoral, para que quienes tendrán responsabilidades de gobierno asuman tanto el conocimiento de la realidad de la Educación Superior como compromisos con el país en su solución. Este Congreso agradece la deferencia que han tenido los candidatos presidenciales de abrir espacio en sus agendas y compartir con nosotros, de viva voz, sus puntos de vista sobre la educación superior.
Claro está que entendemos el carácter temporal de los gobiernos y la necesidad de concebir un plan de largo plazo que tenga connotaciones de estado, que vaya mas allá de los gobiernos. Y este es quizás el mayor aporte que este Congreso le hace al país: sentar las bases para formular un plan de desarrollo para la Educación Superior.
Diversas propuestas en el campo prospectivo fueron presentadas al Congreso: la del grupo de trabajo de Ascun, y la del Consejo Nacional Superior de Educación CESU. Así mismo muchas iniciativas y proyectos se desprenden de las ponencias que fueron debatidas en las mesas temáticas.
Este segundo Congreso se impuso una tarea de enorme significado para el futuro de la Educación Superior, cuando proyectó sus resultados a generar unos lineamientos que conduzcan a la formulación de un plan de desarrollo para la Educación Superior Colombiana. Se parte del reconocimiento de la precariedad en las políticas de estado en la Educación que no han permitido ni coherencia, ni continuidad en los esfuerzos que los distintos gobiernos han realizado en materia de educación.
Baste decir que la cartera ministerial de mayor rotación política en Colombia es precisamente la de educación, pareciendo que hubiera sido el comodín de mayor utilización para conjurar las crisis de gobierno o simplemente para administrar la Gobernabilidad. Un escueto dato es por sí mismo indicativo de esta patética consideración: el promedio de estadía de los Ministros de Educación en Colombia apenas supera el año.
Este Congreso ha reiterado que el sistema de Educación Superior Colombiano sigue siendo excluyente, elitista y con graves problemas de calidad, lo cual obliga a revisar todos los conceptos que tantos funcionarios de gobierno como comunidades académicas han defendido a lo largo de los años.
Aspectos académicos y científicos
Hemos propiciado una educación profesionalizante que volvió de segunda o tercera categoría la formación técnica y tecnológica, a contrapelo de lo que esta ocurriendo en el mundo entero donde la mayor parte de la oferta se desarrolla en estas áreas. Las Instituciones que ofrecían estas modalidades se dedicaron a transformarse para alcanzar la profesionalización con el triste resultado de que la matrícula en la formación técnica profesional ha venido descendiendo y hoy prácticamente es marginal.
La oferta privada que en el mundo se considera complementaria, en nuestro país se convirtió en la fundamental; tenemos el tercer lugar en este ranking después del Japón y Filipinas. Mas del 70 % de la matrícula universitaria está en el sector privado.
La formación doctoral de los docentes universitarios acusa porcentajes todavía insignificantes sin que exista una política clara de apoyo estatal para superarlos, aunque hay que reconocer que el ICFES adelanta al nivel de proyecto una iniciativa para crear un fondo de prestamos – beca que aspira a formar 2000 nuevos doctores. Pensamos que se requiere una acción más inmediata, que trascienda el estado de proyecto y se vuelva realidad tangible. Nos tenemos que imponer metas en cuanto al número de docentes con formación doctoral en el sistema universitario colombiano.
La Inversión en Ciencia y Tecnología se vino abajo negando de hecho toda posibilidad de avanzar en los procesos de innovación y transferencia tecnológica, requisitos ineludibles para cualquier despegue industrial: en 1996 dicha inversión según la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia alcanzó el 0.7 del PIB; para 2001, incluyendo una probable adición, difícilmente se llegará al 0.3 % del PIB. Hay que replantear los recursos que el Estado destina a estos conceptos amarrándolos a un porcentaje creciente del Producto Interno Bruto del país a lo largo de los próximos años.
La oferta académica se encuentra concentrada en las grandes ciudades y en las capitales de departamento configurando una profunda inequidad, difícil de superar si no se adopta una política agresiva de expansión hacia otras regiones, mediante esquemas de descentralización y regionalización que conserven rigurosos parámetros de calidad.
Otro tanto puede decirse en cuanto a la concentración de la matrícula en las disciplinas administrativas, contables, ingenierías y ciencias de la salud y de la educación; mientras en las ciencias básicas: matemáticas y ciencias naturales, el porcentaje sólo es del 2% de la matrícula total. Aquí de nuevo enfatizamos como una adecuada política de subsidio a la oferta puede regular la diversidad para privilegiar las ciencias básicas, áreas del conocimiento donde la educación pública tiene evidentes fortalezas.
Las Universidades actúan como sistemas cerrados sin conexiones con las otras instituciones, muchas veces sin conocerse. La movilidad académica prácticamente no existe, las redes académicas y de investigadores son apenas incipientes contrariando lo que es hoy en día condición sine qua non para el progreso de la ciencia y el conocimiento
Los recursos de infraestructura poco se comparten y a veces se dan repeticiones de adquisición de equipamiento que en una acertada práctica de integración y cooperación podrían tener un mejor uso y por supuesto lograr economías que podrían orientarse hacia otras carencias.
Débil relacionamiento se da entre las universidades y su entorno, mas bien
un distanciamiento ha sido lo usual, a pesar de que no tiene ninguna explicación que la academia esté ausente de las discusiones nacionales y menos aún de no estar aportando orientaciones al devenir de la sociedad. Universidades de espaldas a la realidad social y económica son universidades limitadas, más propias de regímenes totalitarios que de sociedades democráticas como la nuestra.
Es imperioso estimular la formación de redes académicas a todo nivel que pongan en contacto los docentes e investigadores entres sí, potenciando las investigaciones y las ofertas académicas. Otro tanto puede decirse de la movilidad académica que permita la libre circulación de docentes y estudiantes.
Casi no existen sistemas de información y los que existen son poco confiables lo que impide tener una valoración de la realidad de las instituciones y sus proyecciones. Se detectan grandes desencuentros en las estadísticas oficiales, por ejemplo mientras para algunos asesores las universidades públicas no están atendiendo de manera importante los estratos 1 y 2, para nuestros registros la cosa no es tan grave, mas de un 30 % de la matrícula está en estos estratos. En la Universidad Tecnológica de Pereira, por ejemplo, nuestras estadísticas reflejan que el 70 % de la matricula total esta conformada por estudiantes que provienen de los colegios públicos. Los esfuerzos del Icfes en esta materia, aunque van en aumento, todavía son muy precarios.
Se dispone de poca o ninguna planeación académica, lo que hace que las instituciones avancen por razones inerciales mas que por decisiones que tomen en cuenta la pertinencia o la calidad de las ofertas. Las instituciones debemos asumir con mayor ímpetu el concepto de la planeación y sobretodo conectándola con los requerimientos de la sociedad. Es aquí donde adquiere real dimensión y estatura la Comisión del Plan surgida de este Congreso.
Existe bajo nivel de conocimiento en un segundo idioma sobre todo en las regiones lo que no permite que se adelanten verdaderos procesos de internacionalización y hace que se pierdan oportunidades de becas y pasantías, y que las que se aprovechen se concentren en tres o cuatro grandes ciudades. Hay que volver requisito de grado la suficiencia en un segundo idioma.
Todavía se hace limitado uso de las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza contrariando las tendencias universales que determinan una migración creciente hacia nuevas formas basadas mas en el autoaprendizaje. Debemos enfatizar los esfuerzos desde cada una de las instituciones por incorporar las nuevas tecnologías avanzando en la virtualidad como complemento hoy en día irrenunciable en los asuntos del saber.
Tenemos incipiente flexibilización curricular, con desvíos hacia la especialización, privilegiando poco la transdisciplinariedad, elemento básico en el mundo de hoy para encarar los procesos del conocimiento.
Los programas para la formación o captación del personal docente de relevo que se requiere dada la coyuntura de jubilación temprana que atraviesan las universidades públicas son débiles todavía. Esta situación es agravada por normas legales que proscriben del mundo laboral a los académicos cuando superan los 65 años de edad, límite absurdo cuando se trata de personas dedicadas a las tareas intelectuales y de investigación. Se requieren acciones tanto de las instituciones como del Estado para atender el drenaje de personal docente de alta capacitación que egresará del sistema vía jubilación.
Pero también hay avances que el Sistema de Educación Superior viene logrando y que sería mezquino ignorar: me refiero al progreso en la construcción de una cultura de la autoevaluación y la acreditación, que viene jalonando a las instituciones en la búsqueda de mayores niveles de calidad tanto en los programas académicos como en las mismas instituciones, aspectos estos donde el gobierno ha jugado un papel fundamental con el acompañamiento del Consejo Nacional de Acreditación.
Igual podríamos decir de los decretos sobre requisitos mínimos para los programas y los exámenes de calidad para los estudiantes, como los efectuados para los programas de Medicina e Ingeniería Mecánica, que ya empiezan a inducir nuevas exigencias que indudablemente van a repercutir en el aseguramiento de la calidad en nuestro sistema.
Este Congreso igualmente llamó la atención acerca de las fragilidades del Sistema de Educación Superior Colombiano que al actuar de manera desarticulada no permite incidir de efectivamente en las políticas que se construyen para el sector. De ahí que uno de los objetivos que debe imponerse la Comisión del Plan es el de formular propuestas específicas para articular los componentes del Sistema de tal manera que éste actúe como tal.
Financiamiento y cobertura
Tal vez el principal desenfoque en el análisis sea el de apoyarse en consideraciones estrictamente económicas o fiscales para proyectar la política de Educación Superior. La complejidad de la misma impone que simplificaciones de esta naturaleza contribuyan a falsear los reales dilemas.
Por ello nos alejamos de aquellos criterios que sólo utilizan los crudos indicadores de los negocios para asomarse a las realidades del sector. Hay que ser mucho más originales y creativos para examinar con acierto las entrañas de nuestro Sistema de Educación Superior.
Para empezar, digamos que frente a objeciones con relación al desempeño de algunas instituciones de Educación Superior Públicas que se consideraron ineficientes, entregadas al corporativismo e incluso a la politiquería se puso el énfasis en la desregulación como mecanismo compensador que buscara el equilibrio en el sistema. Que la Ley 30 del 92 se recreo en este espíritu y que como resultado nos toca hoy evidenciar una deformación del sistema que obliga al Estado a poner el énfasis en la inspección y vigilancia, pero por sobretodo en encontrar soluciones que vayan mas allá de la sobrevaloración de las leyes del mercado y asuman con responsabilidad una decidida acción en el campo del financiamiento, entre otras.
Los estudios econométricos han validado la rentabilidad social de la inversión en Educación Superior, indicador que es mucho mayor que en el nivel secundario. Sin sugerir una preferencia por la inversión en Educación Superior, si hay que tener conciencia del impacto a nivel de los ingresos de la población en la aplicación del gasto social. Recientes estudios de los centros de investigación socioeconómica de la región, el CIR de Risaralda y el CRECE de Caldas, realizados a propósito de este Congreso, demuestran como el gasto en educación superior es procíclico, ello significa que el Estado no discrimina a favor de la Educación Superior en los momentos de ciclo recesivo. Esta es una realidad que debemos revertir estableciendo una política de largo plazo con indicadores y metas específicas de crecimiento.
Por supuesto las políticas de financiamiento no pueden ser homogéneas para todo el sector pues las angustias y requerimientos son totalmente diferentes: mientras en el lado privado hay capacidad instalada para atender nueva demanda y una creativa política de créditos podría ser necesaria y suficiente, en el lado público es menester una política de subsidio directo a la oferta que permita ampliar la capacidad.
Naturalmente que en el caso público la financiación no puede ser indiscriminada, aquí se abren oportunidades para que el gobierno regule el crecimiento de la matrícula para privilegiar aquellas disciplinas y en aquellas regiones donde más convenga y con los requerimientos de calidad apropiados y en las modalidades deseadas. De algo ha de servir la voluntad de los rectores del Sistema Universitario Estatal que aceptan concertar indicadores de desempeño cuando se trate de recursos nuevos.
La Educación Pública, el mayor mecanismo igualador de la sociedad contemporánea le esta negado a los sectores mas pobres de la sociedad, quienes desde temprana edad en un alto porcentaje ya no consideran siquiera la posibilidad de acceder a la Educación Superior.
Ni qué hablar de las minorías sociales; de las etnias o de los desplazados. Nuestro sistema, apoyado en la meritocracia, bajo el argumento de la excelencia, los aleja de cualquier posibilidad para acceder a los cupos.
Hay que generar políticas diferenciales para el ingreso de las minorías en condiciones de debilidad: la creación de cupos definidos para las minorías sociales puede ser una salida. No podemos quedarnos insensibles frente a la evidencia de que estos sectores no pueden ganarse el cupo en condiciones de competencia abierta. Si hubiera cupos para todos, esta discusión no tendría lugar.
La deserción de los estudiantes reporta cifras escandalosas sin que existan correctivos oportunos para evitarla. No solamente por la mala preparación de los estudiantes que llegan a la universidad y que esta no resuelve ni antes, ni durante, sino por las razones de pobreza que siguen truncando posibilidades.
Las Instituciones de Educación Superior deben articularse con los otros niveles de enseñanza para interactuar en beneficio de la calidad. Adicionalmente es menester trabajar el refuerzo académico en aquellas áreas débiles antes de someter los estudiantes al fogueo de los cupos regulares.
Hay que estimular políticas de bienestar que tomen en cuenta a los estudiantes en situación crítica y velen por su sobrevivencia dentro de las Universidades.
Los índices de cobertura después de haber tenido un crecimiento sostenido empiezan a desfallecer colocando el país en el triste papel de ser de los pocos en el mundo donde la cobertura en la Educación Superior decrece. Según las últimas cifras sólo tenemos una tasa de escolaridad en Educación Superior cercana al 13% para población entre 17 y 24 años.
Si miramos la cobertura como la tasa de absorción que mide el número de matriculados primíparos con respecto al numero de bachilleres egresados encontramos que en el año 99 la tasa fue de 33%; pero quizás lo más grave es que la tasa vino descendiendo progresivamente pues en 1990 se tenía el 49%. Y esto es apenas explicable porque durante la década duplicamos el número de bachilleres que egresan por año, llevándolos desde 285 mil en 1990 a 550 mil en 1999; mientras la matrícula de primíparos tan solo creció en un 30%.
Todo pues apunta a la urgencia de crear nuevas oportunidades de ingreso a la Educación Superior para no seguir deteriorando las posibilidades de la población de acceder al sistema. No obstante y a pesar de que se reconoce que la única vía de aumentar la cobertura es desde la Educación Superior Pública, no hay una política establecida para lograrlo: las instituciones públicas han utilizado toda su capacidad, pero no tienen una vía para seguir creciendo, su expansión se encuentra limitada por razones presupuestales.
Aunque hay problemas de eficiencia en el uso de los cupos de ingreso, pues en ciertas disciplinas no se utilizan plenamente, puede decirse con toda propiedad que la Educación Superior Pública en lo general esta funcionando a toda máquina.
Esta ineficiencia en el uso de los cupos se da por falta de reconocimiento social al estudio de ciertas disciplinas y por problemas atávicos culturales que privilegian ciertas profesiones liberales. Es patético evidenciar cómo se agolpan los jóvenes en las puertas de las universidades con la aspiración de formarse como médicos. En las universidades públicas, la relación admitidos versus solicitantes es de 1 a 15, mientras en ciertas disciplinas como Ciencias de la Educación normalmente quedan cupos sobrantes.
Es necesario incidir sobre los bachilleres con una oportuna y adecuada orientación que los proteja de una mala elección en razón a sus aptitudes académicas y que permita un uso mas racional de los cupos disponibles.
Por todas estas razones y con todo respeto, la iniciativa de aumentar la cobertura a través de un crédito de 150 millones de dolares que se negocia con la banca mundial para financiar las matrículas de los estudiantes, sólo es solución para la educación privada, pues por un lado hay capacidad instalada para atender nueva demanda y por el otro, la oferta se financia, por lo general, con el producto de las matrículas. Aún así, la solución es muy parcial, pues se estima que por razones económicas en el último año desertaron mas de cien mil estudiantes de la educación superior privada, lo que determina que la estrategia del gobierno no solucionaría siquiera la matrícula perdida, independientemente de las condiciones de favorabilidad que se establezcan en el crédito.
Las estadísticas del ICFES muestran que al finalizar la última década la relación de cupos con respecto a solicitudes en pregrado es de 33% para el sector público, lo cual implica que sólo uno de cada tres solicitantes tiene posibilidades de matrícula, mientras para el sector privado es de 151%, lo que significa que en la mejor de las situaciones se desaprovecha un 51% de los cupos disponibles. Las mismas estadísticas, si las miramos desde el ángulo de las matrículas efectivas con relación a los cupos disponibles, determinan que en el sector privado tan sólo se matriculan el 48% de los cupos.
Por consiguiente, es imperativo generar una política de subsidio a la oferta en la Educación Pública para garantizar la expansión, y de crédito y/o subsidio, porqué no, en la Educación Privada de buena calidad.
La cultura dentro de las universidades públicas ha sentado como inmodificable el criterio de la gratuidad de la educación lo que ha impedido que estas instituciones puedan generar ofertas hacia sectores que estando laborando buscan formación de Educación Superior en jornadas nocturnas. Prácticamente se dejó al sector privado el monopolio de esta demanda creando un desbalance pernicioso desde el punto de vista de la oferta en las jornadas nocturnas. Se requiere revisar estos conceptos a fin de generar ofertas para el mundo laboral a mejores costos y probablemente con mejor calidad.
Se volvieron intocables los regímenes de matrículas establecidos y a pesar de que pudieran reestructurarse para de verdad cumplir con el precepto constitucional de que no pague el que no tenga, razones políticas interfieren cualquier propósito: nos enamoramos de lo existente sin ningún juicio autocrítico.
Autonomía y Gobernabilidad
El ejercicio de la autonomía se ha distorsionado tanto en el lado público como en el privado. En el público, se ha mal interpretado esta gabela histórica, elevada a derecho constitucional, orientada a proteger la independencia del conocimiento y la investigación con respecto a los poderes establecidos, para convertirla en un instrumento para proteger pequeños intereses grupales o corporativos. Se volvió la ocasión para disputar espacios de poder, no para hacer cosas, sino más bien para no dejar hacerlas.
Y en el lado privado, en algunos casos la autonomía se ha reclamado para escapar de la vigilancia del Estado en la marcha académica de las instituciones, cuando no para volverlas verdaderas fuentes de negocios particulares a expensas de una sociedad desinformada e indefensa.
Otro legado del pasado que tiene incidencia negativa en la vida universitaria es la cultura que declara como enemigo de la universidad todo lo que venga del exterior, incluidas las representaciones de la sociedad en sus órganos de gobierno. Los llamados sectores extrauniversitarios son considerados nocivos para el devenir universitario. Ello conduce a que las universidades se conviertan en gethos que miran sobre sí mismas.
La autonomía se ha focalizado en los asuntos del poder generando toda suerte de conflictos. Se rinde culto a los llamados estamentos básicos y se hacen llamados a prescindir de los demás actores sociales en la definición de los rumbos de la universidad.
Todo se quiere hacer girar en torno a los llamados derechos adquiridos, sin ningún ánimo autocrítico. La Academia está adulterada en su esencia al ser intermediada por intereses subalternos individuales.
¿Qué hacer para evitar que el aislamiento y la politiquería se adueñen de la Universidad Pública?
Proponemos dejar atrás el concepto excluyente de los estamentos fundamentales y migrar hacia un concepto de participación donde la sociedad tenga cabida. La Universidad no le pertenece a quienes trabajan o habitan en ella, la universidad le pertenece al conjunto de la sociedad y como tal a ella se debe.
Hay que abrir las puertas antes que cerrarlas. Entre otras cosas para que la sociedad asuma su defensa y ella no quede restringida a un puñado de iniciados que actúa a nombre de idearios políticos respetables pero excluyentes. Claro está que quienes representen a la sociedad en los órganos de Gobierno de la Universidad deben actuar en defensa de lo público y no de otros intereses; de ahí el celo con que deben designarse las personas que asuman estas vocerías.
Otro aspecto de la cultura heredada es el negativismo sistemático: nada es posible. Los demás tienen la culpa. Un maniqueismo perpetuo de considerar malo lo que hacen los demás y bueno lo que hacemos nosotros, o mas bien lo que no hacemos porque nos hemos dedicado a atajar mas que a proponer, se volvió el predicamento oficial de algunos activistas universitarios.
¿Que hacer para enfrentar esta actitud descalificadora?
Proponemos llevar la revolución a donde más hace falta: a cada uno de nosotros; pasando de una posición contestataria a una posición propositiva. ¿Qué propongo yo?, éste es el verdadero dilema, lo demás es la posición cómoda de apologista de la debacle. No podemos congelar la historia. Todo ha cambiado.
La sociedad está ávida de encontrar orientaciones y en este campo la Universidad debe aportar sus propuestas. Su carácter independiente y autónomo debe permitirle la audacia de crear conocimiento social. No bastan los estribillos ideologizantes de la época de la guerra fría. La sociedad pide mas que eso.
No se trata de ser neutro, sería una necedad. Se trata de avanzar en la complejidad de los fenómenos hundiendo el análisis con la libertad del que no tiene formatos pre-establecidos.
Optemos por ejercer el derecho a la crítica desde las Universidades pero con real independencia para que podamos incidir. Si nos volvemos cajas de resonancia de objetivos políticos perdemos capacidad de interlocución con la sociedad. Además, la comunidad académica ya muestra fatiga de tener que aceptar a cambio de su aparente defensa unos principios y conceptualizaciones que no comparte. Una especie de IVA político que todos los días comprende menos.
El compromiso con la Paz
Los procesos de violencia que azotan el país no son ajenos a las Universidades y bien vale la pena una mirada desde el ángulo de las universidades públicas.
Digamos que poco hemos hecho por asumir las responsabilidades que tiene la Universidad en la generación del conflicto, o por deslegitimar dentro de las universidades cierto tipo de conductas que actúan como multiplicadores de los factores de violencia.
Aún se leen graffitis en las universidades llamando a la violencia, sin que nadie controvierta el carácter barbárico de estos predicados. Se trata de consignas que en algún momento de la historia fueron aceptadas como justas o pertinentes pero que hoy en día acusan el mayor y más grave desenfoque político.
Poco estamos haciendo para contrarrestar en el plano ideológico tales extremos. Quizá guardando silencio, como una especie de pacto oculto para darle patente de corso a todo cuanto quiera decirse y hacerse en nombre de la justicia social.
Al lado de esta deformación de la praxis política aparecen manifestaciones extremistas de ambos signos que en algunos sitios han terminado sembrando la muerte y consecuentemente la desaparición de toda oportunidad de disentir.
Las mayorías no cuentan por que no se expresan. Han resuelto desentenderse de todo lo que se hace en nombre de la justicia social. El cese de labores y los bloqueos se han convertido en mecanismos sistemáticos de presión sin legitimidad alguna. Se decretan ceses de labores que nadie cuestiona pero que a su vez nadie acompaña.
A mayor debilidad más ambiciosas se vuelven las demandas, las cuales, como es obvio, no encuentran el debido respaldo a la hora de defenderlas.
Se crea así un gran desencuentro entre el sentir de la comunidad y la práctica de los activistas políticos y gremiales.
Como resultado de esta asimetría tenemos universidades acríticas, ausentes de debate, indiferentes.
Pensamos que este diagnóstico revela una tragedia para la Universidad Pública Colombiana, y de ninguna manera contribuye a facilitar procesos y conductas que le apunten a la paz; por el contrario, validan un statu quo propenso al pesimismo y a la resignación, pero también propenso a la aparición de toda suerte de extremismos.
Señores Congresistas e invitados:
Todo lo que he dicho y mucho más, ha sido tratado con lujo de detalles por los conferencistas y ponentes en este segundo congreso, y como puede apreciarse, la superación de esta problemática requiere de un esfuerzo mancomunado del Estado, de las Instituciones de Educación Superior y de la misma sociedad.
Esperamos que este Congreso actúe como la puerta de salida de un gran torrente que recoja los afluentes de reflexión de toda una década de esfuerzos y análisis hechos desde distintos ángulos y por distintos actores de la vida nacional.
La Comisión del Plan, decidida por consenso en este Congreso, tiene por delante la gran tarea de concretar un plan de desarrollo para la Educación Superior en Colombia, que sirva de referente para los próximos gobiernos y para las instituciones en el desarrollo de sus propósitos misionales.
El Sistema como tal debe velar por que lo que se logre visionar para el futuro de la Educación Superior sea una realidad en el accionar de todos y cada uno de los actores. Este es el anhelo que anima a todos los participantes de este evento.
Siento que la Universidad Pública en Colombia pasa por un período de alumbramiento social: se asoman tendencias nuevas, que aunque tímidas aún, anuncian un reacomodamiento general a favor del cambio. Los demócratas, quienes siempre le hemos apostado al progreso social en términos de equidad, debemos respaldar todo esfuerzo que conduzca a poner la universidad a cumplir con su papel orientador.
Finalmente como Presidente de este Congreso y de la Corporación Alma Mater que lo organizó quiero darle mis agradecimientos a todas las personas y organizaciones que con su apoyo y aporte lo hicieron posible: a los conferencistas internacionales y nacionales, a los ponentes, a los rectores y rectoras, a las instituciones de educación superior, a FODESEP, al ICETEX, al CESU, al Consejo Nacional de Acreditación, al Comité Nacional de Doctorados y Maestrías, a la Gobernación de Risaralda, a la Alcaldía de Pereira, a Telecafé, a la Comisión Nacional de Televisión, a los CRES del país y sus respectivos presidentes, a la Universidad del Quindío, a la Universidad Católica Popular de Risaralda, a la Universidad la Gran Colombia de Armenia, al igual que a todos los patrocinadores.
En especial agradezco al señor Ministro de Educación Nacional, doctor Francisco José Lloreda Mera, y a su Directora del Icfes, doctora Patricia Martinez Barrios, quienes además de brindarnos la oportunidad de organizarlo, siempre estuvieron generando orientaciones oportunas para su cabal desarrollo.
Muchas gracias.
Luis Enrique Arango Jiménez
Rector
«Se debería insistir, una vez mas, con pasión y con tenacidad, en que no hay en el servicio público ninguna actividad, ni institución, ni gasto público que pueda reclamar prioridad sobre la educación, ni en tiempo de guerra, ni en tiempo de paz, ni en emergencia, ni en sosiego y que, desde luego, cuando quiera que un centavo se desvía de la educación hacia otros fines, por sagrados que parezcan, se esta atentando contra la supervivencia ordenada de la Nación, con mas certeza y mas grave impacto que un motín revolucionario»
ALBERTO LLERAS CAMARGO
Fecha de expedicion: 2002-03-12