No hay vocablo más preciso para describir lo que está ocurriendo en Colombia con el Sistema de Justicia, reeditando lo que alguna vez afirmo el expresidente Carlos Lleras Restrepo: Lo que nos ha tocado oír y ver en días recientes, hay que haberlo vivido para creerlo.
El Ministro de Justicia pone en tela de juicio las decisiones del Procurador General; el Fiscal General pone en tela de juicio lo que hace la Contralora General y el Procurador; la Contralora General denuncia al fiscal General y viceversa. Las acusaciones cruzadas superan al más temerario. Por su parte las altas cortes se enfrentan las unas a las otras con el mayor desparpajo, cada quien defiende lo suyo.
Después de la frustrada reforma a la Justicia, que independientemente de los micos, tampoco iba a resolver de fondo los problemas, las cosas han empeorado de una manera más que alarmante.
Dicen los expertos que el diseño del Estado concebido por la constitución del 91esta haciendo agua.
Las encuestas de percepción de los ciudadanos cada vez más muestran la desconfianza con respecto a la justicia.
El último capítulo de este caos, emerge de la sanción en primera instancia al Alcalde de Bogotá, que implica destitución del cargo e inhabilidad por 15 años.
Aquí fue Troya. Hasta ahora se cae en la cuenta que los entes de control tienen poderes absolutos, desproporcionados. Las víctimas de este poder discrecional, que se cuentan por centenares, o deben apelar a la justicia para buscar la reparación en procesos que no se sabe cuándo terminan o los tienen entre la espada y la pared con fallos de primera instancia, esperando que caiga la espada de Damocles.
Desde que se elevó la omisión y falta de planeación a falta gravísima, cualquier funcionario público puede ser objeto de injusticia. Situación agravada con las facultades que se le han dado a los entes de control de hacer juicios sumarios, orales, fulminantes.
He visto sainetes, orquestados a la manera de ópera bufa, sin la mayor argumentación, adelantados más por el afán de satisfacer la clientela mediática, por decir lo menos, que por otra cosa.
En el caso de Petro, independiente de si se configura o no la violación de la ley, ahora surge la tesis de que los funcionarios electos por voto popular debieran estar por fuera del alcance de la procuraduría. Otra tesis aún más peregrina, enarbolada incluso por el futuro embajador de los Estados Unidos en Colombia, relacionando el hecho con la suerte del proceso de paz. Nadie quiere respetar la ley. Cualquier argumento se enarbola para burlarla.
El Presidente de la República no encuentra por ahora más camino que llamar a las partes al orden e invitarlos a bajarle el tono sobre todo a las polémicas públicas que se volvieron una verdadera adicción.
Le escuche al Presidente Santos, durante la Asamblea de la Andi en Pereira, que no encontraban quien asumiera los cargos públicos por temor, que quizás habría que reformar la ley, pues en apariencia se nos había ido la mano.
Igualmente le oímos decir recientemente que va a retomar la reforma a la Justicia, sin exagerar esta vez el camino de los consensos.
Hay que apoyarlo. Es una urgencia Nacional.
Luis Enrique Arango Jiménez
Rector Universidad Tecnológica