El nuevo episodio del caso Petro vuelve a poner en el ojo del huracán el mecanismo de la tutela; el cual, si bien es cierto representa un gran avance desde el punto de vista de la protección de los derechos individuales, muy admirado por cierto, ha venido entrabando el funcionamiento del aparato de justicia por el indebido uso que de él se hace en algunos casos. Ello definitivamente invita a repensarlo, estableciendo algún tipo de regulación.
La tutela ha sido un amparo indiscutible para acceder a los servicios de salud negados para muchos colombianos, aunque se puedan haber producido excesos. Aquí podría aplicarse que es mejor equivocarse, mientras no haya la certeza de tener un sistema justo y objetivo. Ello quizás haya vuelto el mecanismo intocable desde lo políticamente correcto.
Pero la tutela también se ha vuelto una forma de lucha política, no siempre bien utilizada. Los que están en las Universidades Públicas saben a qué me refiero; no hay conflicto universitario que no esté acompañado de ellas por montones, ni concurso para llenar vacantes donde los perdedores se eximan de utilizarlas.
Quizás lo que inaugura Petro, sin tapujos, es el uso desmesurado y deliberado de las tutelas en un ejercicio político, que termina por volver los fallos un asunto de juego de azar. Entre más boletos se compren más opciones habrán de llevarse el premio. Basta que uno de los jueces donde llegue la regadera pise la cáscara, discrepe o ayude, y ya está: concedido.
Poco importa que existan instancias de impugnación o apelación; como los fallos de tutela son de cumplimiento inmediato se crean situaciones que de hecho pueden favorecer. Mucho más cuando los organismos de cierre, o donde finalizan las querellas, navegan en la indeterminación, rebotando de corte en corte.
Mucho más complejo el asunto cuando las decisiones de los jueces inevitablemente están influenciadas por la política, y además cuando los estrados judiciales no están exentos de contaminaciones indebidas, aquí y en Cafarnaum. Paradigmático lo que ocurre en la Justicia Venezolana.
Una vez más el país reclama una reforma a la Justicia.
En el caso específico de Petro me parece que lo más conveniente es que la corte Constitucional defina de una vez por todas el alcance de las medidas cautelares de la comisión internacional de derechos humanos y que se acabe el carbón. El desbarajuste que está ocurriendo es para volver loco a cualquiera, y si no pregúntenle al registrador nacional del estado civil.
Hace falta además que en Colombia se aclaré el alcance de todos los convenios internacionales que se firman y que a menudo nos ponen contra las cuerdas, incluidos aquellos en el orden laboral.
Luis Enrique Arango Jiménez
Rector Universidad Tecnológica de Pereira
Presidente Sistema Universitario Estatal.