Reina en las Universidades públicas la creencia de que la autonomía universitaria autoriza, a quienes estudian o laboran en ella,  a ejercer preeminencia, cuando no hegemonía, para elegir a las autoridades; llámense estas rectores, decanos o directores de programa. Incluso, se ha llegado a considerar que es  menester estar en las plantas de personal, en el caso de los funcionarios,  para poder participar en los procesos eleccionarios. Asunto este último que muy a propósito, el Consejo de Estado en sentencia reciente,  lo aclara al fallar una demanda de ASPU a la norma que en la UTP  le dio voto a los profesores ocasionales, reafirmando en el fallo  el derecho del Consejo Superior a ampliar la posibilidad de participación incluso a los catedráticos.

Esta deformación del concepto de autonomía, que es  excluyente, ha llevado a que algunos colectivos, como ocurrió alguna vez en la Universidad del Tolima, invoquen el concepto de asambleas constituyentes Universitarias, para deliberar y destituir a sus propios directivos Universitarios. Acontece  que en medio de eufóricos procesos asamblearios se actúa como si de verdad se estuviera en legitimidad, pasando por alto todo el ordenamiento  jurídico de la Nación y generando grandes perturbaciones. Al final naturalmente todo es ilusión. 

Pero no se crea que estos desenfoques sólo afectan a un lado de la ecuación, también del otro lado  se dan desafueros. Acaba de ocurrir en la Universidad del Pacífico un incidente que cae en lo grotesco. De manera accidental y capitaneados por la delegada del gobernador del Valle, se configuró una mayoría de cinco, de los 9 miembros que conforman el Consejo Superior. A renglón seguido decidieron investigar al rector sobre denuncias de sectores opositores, y mientras hacían la investigación resolvieron separarlo del cargo y nombraron rector encargado. 

No sirvió que el jurídico de la Universidad les explicara que no lo podían hacer, ni que el secretario del Consejo Superior, se negara a firmar los acuerdos respectivos;  de manera arbitraria insistieron en hacer cumplir las decisiones.

Como el Ministerio de Educación, no podía, ni puede reconocer  un procedimiento de esta naturaleza, y por lo tanto no reconoce el nuevo rector, intentaron  meter a la fiscalía en el bochinche. No se sabe si por ingenuidad o por algo más, casi detienen el rector por no cumplir las decisiones del Consejo Superior. No se puede olvidar que estamos en Buenaventura.

Al escribir esta columna el sainete no ha llegado a su fin pero sirve para evidenciar que se requieren ajustes a los sistemas de Gobierno en las Universidades para delinear con mayor precisión la composición, los alcances y los límites de los Gobiernos Universitarios en el marco de la autonomía Universitaria.

Cada uno tendrá su visión pero yo aportaría por lo pronto  la necesidad de que las representaciones del sector del Estado sean asumidas con responsabilidad. Se debiera ser muy exigente en las calidades para quien ostente estas representaciones en general, incluidas las demás.

El Ministerio de Educación desde hace un tiempo optó por delegar en funcionarios del Estado su representación, buscando al menos coherencia con la política pública; ello ha contribuido a estabilizar   el funcionamiento de los Consejos Superiores.

El debate está abierto a nivel país; el Consejo Superior de Educación Superior-CESU, presentara el próximo mes de marzo la propuesta de nueva política pública, que sintetiza  la  gran deliberación que se ha realizado; en ella los aspectos del Gobierno Universitario  deben ser  abordados.


Luis Enrique Arango Jiménez

Rector Universidad Tecnológica de Pereira

Presidente Sistema Universitario Estatal SUE