Hemos hablado de la des financiación de las Universidades Públicas, concepto que hay que extender a las otras Instituciones , que sin ser Universidades también hacen parte de la Educación Superior Estatal y padecen por igual. Lo que tal vez no hemos aclarado es que en el rubro de inversión la situación para muchas es más dramática. Para empezar las Universidades regionales, que son exactamente la mitad de las 32 Universidades Estatales, no reciben recursos de inversión de la Nación, deben solventarse con los inciertos aportes de los entes territoriales o con sus recursos propios para atender el rubro de inversión. Unas pocas Universidades, han logrado a través de estampillas regionales, obtener algunos ingresos que han suplido las magras asignaciones de la Nación o la inexistencia como hemos explicado, sin que lo recaudado signifique una solución.
Últimamente han ocurrido a nivel legislativo algunos eventos esperanzadores que apuntan a superar la situación.
En primer lugar, durante la discusión de la reforma tributaria en el Congreso, el año pasado, fue posible la aprobación de un punto adicional del llamado CREE, impuesto que pagan los empresarios, para llevarlo de 8 a 9 % sobre las utilidades, con destino a inversión de las Instituciones de Educación Superior Públicas. Aunque la vigencia del punto adicional es limitada a tres años, contrariando la propuesta original, acaba de ingresar un proyecto de ley presentado por el senador Eugenio Prieto, con amplio respaldo parlamentario, que de aprobarse lo haría indefinido. Este año las Universidades públicas recibimos 218.000 Millones y el año entrante recibiremos por lo menos el doble con destino a inversión.
En segundo lugar acaba de aprobarse un proyecto de ley que crea una estampilla Nacional en plenaria de Senado, luego de haberse aprobado en Cámara, pendiente sólo de conciliación, que le garantizaría durante 20 años , ingresos anuales a las Universidades, según cálculos preliminares, de 360 mil millones anuales.
Esta iniciativa se originó en la Universidad Nacional para atender las dificultades en infraestructura ampliamente divulgadas, sin embargo se extendió a las 32 Universidades; con la gabela de que los primeros cinco años la Nacional se llevará el 70% del recaudo y a partir del sexto año, sólo el 30%; lo demás se repartirá entre las 31 Universidades según el número de graduados
Unos y otros recursos, de las dos leyes, implicarían alrededor de 800 mil millones anuales con destino a inversión en las Universidades Publicas que determinan sin lugar a dudas un importante alivio.
Esta es una cifra demasiado importante para ignorarla. El congreso merece un aplauso si completa la tarea y por supuesto la Señora Ministra de Educación, María Fernanda Campo Saavedra, quien se ha jugado a fondo por la causa, a veces incomodando a sus propios colegas. A todo señor, todo honor.
Si por el lado de la inversión soplan vientos favorables, por el lado del funcionamiento esperamos avances y soluciones.
Por: Luis Enrique Arango Jiménez
Rector Universidad Tecnológica de Pereira
Presidente Sistema Universitario Estatal